El Gobierno cambiará la revalorización de las pensiones para 2014
La propuesta del Gobierno es casi idéntica a la del comité de expertos que presentó su informe en junio. El IPC dejará de ser la referencia con la que se actualizan las pensiones. En 2019, introducirá un factor de sostenibilidad para las nuevas pensiones.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propone que las pensiones dejen de revalorizarse conforme al IPC. Asimismo se establecerá un techo máximo de subida que será del IPC más el 0,25 %. Báñez se lo ha dicho esta tarde a la patronal y a los sindicatos tras presentar una reforma de las pensiones que suaviza las condiciones propuestas por los expertos. / ATLAS
El Gobierno ha presentado este lunes un borrador de la reforma de las pensiones que quiere aprobar antes de final de año, prácticamente idéntico al informe de los expertos que encargó el pasado junio. La propuesta mantiene la líneas generales de ese texto: el Gobierno quiere desvincular las pensiones de la inflación desde el año próximo, algo que afectará a todos los pensionistas, y propone un mecanismo que ligue la cuantía de la pensión a la esperanza de vida (cuanta más esperanza de vida, menos pensión inicial) para los pensionistas que entren en el sistema a partir de 2019.
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De los dos mecanismos, el que se refiere a la actualización anual de las pensiones es el que afecta a más personas: a todos los que ya están cobrando una pensión, más a todos los que entren en el sistema en los meses y años venideros. En vez de con el IPC, como hasta ahora, las pensiones pasarán a actualizarse según una ecuación que tendrá en cuenta el IPC, los ingresos y gastos de la Seguridad Social y la corrección del déficit estructural del sistema. Todo, teniendo en cuenta la evolución de estas variables en los seis años anteriores, y las previsiones para los siguientes cinco. Este mecanismo empezaría a aplicarse ya para 2014, es decir, en la revisión de las pensiones que se anuncia en el próximo mes de diciembre
El Gobierno introducirá un mecanismo para que la actualización de las pensiones no suponga una bajada de la pensión: fijará un suelo para la revalorización del 0,25%. Así, las pensiones podrán perder poder adquisitivo, pero no bajar. También se introduciría un techo a las subidas, para que en los años buenos, las pensiones no suban más que el IPC+0,25%. Lo que se pase de esa cantidad se dedicaría a enriquecer el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones, que se utiliza cuando el sistema está desequilibrado, como en este año y en el pasado). El "suelo" y el "techo" es lo único original que aporta el Gobierno, porque la fórmula de revalorización está calcada del informe de expertos.
Ignacio Conde Ruiz, uno de los miembros del Comité de Expertos sobre las pensiones, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' y ha explicado que, en su opinión, el Gobierno no ha mejorado el plan que le propusieron los expertos ya que él no ve diferencias. Además, este experto en pensiones ha señalado que relacionar el sistema de pensiones con la esperanza de vida no es novedoso y ha recordado que numerosos países europeos siguen esa regla.
La esperanza de vida
La otra pata de la reforma del Gobierno consistirá en aplicar un Factor de Sostenibilidad para ligar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida: la idea es que, a medida que vaya aumentando la esperanza de vida, la cuantía de la pensión inicial sea más pequeña, para que pensionistas de distintas generaciones acaben cobrando la misma cantidad pese a que, estadísticamente, unos viven más años y otros menos. Este factor empezaría a aplicarse a partir de 2019, y sólo afectaría a los pensionistas que accediesen a la pensión en ese año y a partir de entonces. Igual que la propuesta del comité de expertos, solo que el Gobierno opta por la fecha más tardía de entrada en vigor de entre las que planteaban los especialistas.
El Gobierno quiere aprovechar las próximas semanas para negociar su propuesta con sindicatos y empresarios, para mandar un proyecto de ley a las Cortes antes del final de septiembre y, tras su debate, aprobar la ley antes de final de año, tal y como se había comprometido con la Unión Europea. Las posibilidades de consenso son escasas, puesto que tanto el PSOE como los sindicatos rechazan a priori la propuesta de actualización anual con un mecanismo distinto del IPC, y tanto uno como los otros quieren que se exploren vías alternativas para aumentar los ingresos del sistema, y no solo reducir los gastos.
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