El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo configuran un Constitucional conservador
Este renovado tribunal de garantías tendrá por delante decisiones de calado como el desarrollo del Estatut, los recortes o la reforma de la ley del aborto
Hoy el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial renuevan a cuatro vocales del Tribunal Constitucional. Dos candidatos sustituirán al presidente y al vicepresidente de este órgano. Los otros dos los decidirá el Gobierno para sustutuir a los del Ejecutivo anterior. De momento, no se ha llegado a ningún acuerdo para elegir a los 2 magistrados de los cuatro candidatos posibles.
El Consejo del Poder Judicial elige este viernes, salvo sorpresa, a los magistrados del Tribunal Supremo Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares para sustituir a Pascual Sala y a Ramón Rodríguez Arribas en el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros hará lo propio y designará a sus dos candidatos que relevaran a Pablo Pérez Tremps y a Manuel Aragón. Con estos movimientos, el tribunal de garantías pasará de una mayoría progresista de siete a cinco a otra conservadora con idéntico resultado.
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Este viernes abandonan el Tribunal Constitucional tres magistrados de corte progresista y uno conservador. A cambio entran tres magistrados conservadores y uno progresista. El equilibrio de fuerzas se queda en un siete a cinco a favor del bloque conservador. El Consejo del Poder Judicial elegirá a sus candidatos en un pleno extraordinario. El sector progresista se inclina por el presidente de la sala de lo civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, que no forma parte de ninguna asociación judicial, frente a la opción del que fuera Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido. Los conservadores elegirán al también emérito de este órgano judicial, Santiago Martínez Vares.
El Gobierno también tiene sus candidatos. Se da por segura la opción del magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, aunque también suenan los nombres de Roberto Enríquez, Pedro González Trevijano o Enrique Arnaldo.
Este renovado tribunal de garantías tendrá que resolver la constitucionalidad del desarrollo del Estatut de Cataluña, los recortes del gobierno en sanidad o educación, la ley del aborto y, si el actual no llegara a tiempo, el caso Atutxa o la excarcelación de Arnaldo Otegi.
