La defensora del Pueblo pide a la banca la retirada de las cláusulas suelo

Madrid

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Banco de España que recomiende a las entidades financieras la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, una decisión que anula este tipo de cláusulas cuando ha faltado transparencia en su comercialización. Becerril ha señalado que de este modo se evitaría la incertidumbre que estos pronunciamientos causan en muchos clientes, que no saben a qué atenerse, ni cómo defender sus derechos e intereses.

En un comunicado, la defensora del Pueblo ha recordado que en los últimos años ha recibido numerosas quejas de ciudadanos por soportar en sus hipotecas las cláusulas suelo.

El pasado 9 de mayo, el Supremo dictó una sentencia, que ahora ha sido aclarada a través de un auto, que anula estas condiciones del contrato cuando en su comercialización ha faltado transparencia o información y el cliente no ha llegado a comprender el contenido de la hipoteca y lo que supone comprometerse a aceptar dichas cláusulas.

De momento, BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia Banco (que se unió a última hora de ayer), las tres entidades condenadas por la sentencia del Alto Tribunal, han anunciado que eliminarán las cláusulas suelo de todas sus hipotecas con efectos desde el 9 de mayo (fecha en la que se publicó la sentencia).

El resto de bancos, de momento, no se han dado por aludidos. En el caso de Santander, porque asegura que no cuenta con hipotecas que incluyan estas cláusulas. La Caixa, tampoco, aunque sí ha heredado alguna de Caja Cívica, absorbida por la entidad catalana. Bankia, por su parte, afirma que tiene relativamente pocas, algo más de 40.000, porque ni Caja Madrid, ni Bancaja las aplicaron.

Mayor es el volumen de hipotecas con cláusulas suelo que poseen Banco Sabadell y Banco Popular, pero insisten en que lo dicho por el Supremo no va con ellos. Sostienen que sus hipotecas con suelo se vendieron correctamente y no tienen pensado suprimir las cláusulas. Al Popular, quitarlas le supondría un coste de 53 millones de euros este año y 105 millones el año que viene.