Grupos antinucleares piden al Gobierno un plan energético que no resucite Garoña

La manifestación se produce tras conocerse la noticia de que el Ministerio de Industria tiene previsto modificar la normativa, dando así la oportunidad a Nuclenor, propietaria de Garoña, de prorrogar la vida útil de la central ya que ésta cierra por motivos económicos y no de seguridad.

Varios grupos antinucleares y ecologistas han pedido hoy al Gobierno en la marcha contra la central nuclear de Santa María de Garoña que elabore un plan energético basado en las energías renovables y el ahorro, y que no resucite la planta burgalesa. La manifestación ha sido convocada por Ecologistas en Acción y ha partido minutos antes de las 13.00 horas desde la localidad de Barcina del Barco en dirección a la planta.

La hipotética continuidad de la central, tras la posibilidad de implantar un año para el cierre definitivo cuando el cese de la actividad de una planta nuclear sea por cuestiones económicas, supone para la organización ecologista "una nueva presión" al Gobierno de la nación, según ha señalado el portavoz de la coordinadora contra Garoña, Arístides García Suárez. Alfonso Ribote, portavoz de la Coordinadora Antinuclear del País Vasco, ha señalado que "las millonarias inversiones que Nuclenor debe hacer en seguridad según el Consejo de Seguridad Nuclear confirma que a día de hoy Garoña no es segura".

Unas 500 personas han participado en la 24 marcha contra la central de Garoña que, según el portavoz de la Coordinadora Antinuclear del País Vasco, "debería ser la última". En este sentido, los portavoces para temas nucleares de Greenpeace, Raquel Montón, y Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, han anunciado que acudirán a los tribunales si el Gobierno publica alguna medida legal que permita a Garoña seguir abierta aunque sea en parada fría después de la fecha de cierre fijado por la orden ministerial. Raquel Montó ha explicado que aún no pueden acudir a los tribunales debido a que no se ha publicado ninguna medida legal pero lo harán si el gobierno llega a formalizarla. Por su parte, Castejón ha considerado que "torcer la ley" para favorecer a una empresa privada sería "un caso claro de prevaricación".

Al término de la marcha, los organizadores han desplegado frente a la central nuclear un cartel con el mapa de España, en que ya mostraban los ocho centrales nucleares en sus respectivos emplazamientos y en el que han tachado el de la central de Garoña como símbolo de su cierre definitivo. Asimismo, miembros de los grupos ecologistas de Burgos han entregado simbólicamente un testigo a representantes de grupos de Cáceres, para indicar que la siguiente central que debería cerrar en España sería la de Almaraz I, que es la segunda más antigua después de Garoña.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

En un comunicado, los grupos ecologistas y antinucleares han pedido también que la empresa Nuclenor, propietaria de Garoña, asuma los gastos del desmantelamiento de la planta y la gestión de sus residuos nucleares ya que también se ha lucrado con su funcionamiento. Además han reclamado un plan de revitalización de la zona que propicie una calidad de vida "respetuosa con los valores ambientales de la comarca y que no incluya otro proyecto industrial que suponga una actividad sucia y contaminante".

Los grupos ecologistas han insistido en el comunicado que España tiene un exceso de potencia eléctrica instalada que permite cerrar progresivamente todas las plantas nucleares, lo que supondrá dejar de producir residuos atómicos y hará innecesaria la construcción de un cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), al cual ha expresado su oposición.