Los afectados por el fin de la ayuda a la compra de VPO piden apoyo para ir al Constitucional

Una nueva plataforma de afectados trabaja para conseguir apoyos e intentar frenar otro recorte de derechos en materia de vivienda. Esta vez, luchan contra la retirada de las ayudas económicas que reciben para pagar las hipotecas de sus viviendas de protección oficial (VPO), eliminadas por el Gobierno en la Ley de Fomento del Alquiler, "con carácter retroactivo", según consideran los afectados. Los que se han hipotecado porque contaban con ese dinero para pagar sus cuotas cada mes, se ven ahora con la misma carga pero sin ayuda. Se sienten víctimas de una vulneración de derechos y desprotegidos. El plazo para recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional acaba este jueves.

La subsidiación de préstamos para adquirir viviendas protegidas es una ayuda que el Estado otorga a los compradores (con ingresos limitados) para contribuir al pago de los intereses hipotecarios. Según los afectados, la ayuda varía dependiendo del plan de vivienda (que a su vez valora la cuantía de la casa, del préstamo, las rentas de las familias...), pero calculan que oscila entre 80 y 300 euros al mes y que su retirada perjudicará a 300.000 personas.

La Ley de Fomento del Alquiler aprobada en junio asegura (en su disposición adicional segunda) que no se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda. Esto significa, según los afectados, que cuando les toque renovar la concesión de la ayuda (una cita que tiene lugar cada cinco años), será denegada sistemáticamente, aunque en el contrato se contemple su percepción durante un periodo mayor. Hasta ahora, esa renovación quinquenal se producía únicamente para comprobar que los beneficiarios continuaban cumpliendo los requisitos para recibir la subvención.

"Esto hará que muchas familias no puedan hacer frente al cargo de la hipoteca y se vean desahuciadas", advierte Nathalie Santos, portavoz de la plataforma de afectados. "Esa ayuda forma parte de nuestras escrituras de compravente, firmadas ante notario, y reconocida durante 10 ó 15 años", lamenta.

Junto a la eliminación de la ayuda estatal a la entrada, la retirada de la subsidiación de préstamos a viviendas protegidas ha supuesto un varapalo para sus beneficiarios. Ahora "tenemos condiciones peores que las existentes para la adquisición de una vivienda libre: un interés más alto (IRPH frente a euríbor) y una serie de trabas a la hora de vender o alquilar las viviendas (debe transcurrir un mínimo de 10 años). Nos vemos sin unas ayudas que nos habían prometido", se queja Santos.

Para presentar un recurso contra esta Ley ante el Tribunal Constitucional, los afectados necesitan el apoyo de 50 diputados o senadores o el respaldo de la Defensora del Pueblo. Cuentan de plazo para hacerlo hasta el próximo día 5. En cualquier caso, la recomendación de la plataforma nacional de afectados por la supresión de la subsidiación de préstamos VPO es reclamar la ayuda por la vía contencioso administrativa, caso por caso. De momento, este martes se reunirán con representantes del Ministerio de Fomento para abordar el asunto.

"La VPO está muerta"

Por su parte, la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, considera que "con las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno, podemos afirmar con rotundidad que la vivienda de protección oficial en nuestro país está muerta".

Iglesias critica que "hay de nuevo muchas familias, cerca de 300.000 afectados, que pueden verse condenados a una insolvencia, con la eliminación de las subsidiaciones de préstamos. Accedieron en su día a la vivienda con este préstamo subsidiado" y ahora "pierden el derecho que tenían reconocido durante 15 años para poder hacer frente a ese préstamo".

Y avisa de que, en algunos casos, el aumento de la carga hipotecaria "puede condenar al desahucio en el futuro".