La ley Wert permitirá ceder suelo público para construir colegios concertados

Por primera vez una ley orgánica autorizará a las comunidades autónomas a convocar concursos públicos para ceder suelo público para la construcción y gestión de colegios concertados. La enmienda, introducida por el grupo popular, permitirá también que los colegios que segregan a niños y a niñas en las aulas no sólo accedan a fondos públicos para conciertos educativos sino que también puedan recibir suelo público para levantar sus instalaciones. Los sindicatos dicen que este modelo ha roto en Madrid la gratuidad del sistema educativo porque para sacar beneficios los promotores repercuten los costes a las familias mediante cuotas

Lejos de dar marcha atrás o limar asperezas en los aspectos que más rechazo suscita la ley Wert, las enmiendas presentadas esta semana por el PP en el Congreso profundizan en las concesiones que según la oposición y la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, hace el texto a la escuela concertada y a la entrada del sector privado en el ámbito educativo.

Así por ejemplo, el PP introduce un nuevo punto en el articulado sobre los conciertos educativos que, por primera vez, incluye en una ley orgánica la posibililidad de que "las administraciones educativas convoquen concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional". Se daría así una cobertura legal plena a nivel estatal a una iniciativa liderada por algunos de los sectores más ultraliberales del partido en varias autonomías. Es el caso de la Comunidad de Madrid donde, impulsado por la ex-presidenta Esperanza Aguirre, este modelo ha permitido construir en los últimos años más de 80 macrocentros concertados en otras tantas parcelas públicas. Hace un par de años la Comunidad Valenciana también se sumó a esta fórmula, aunque por el momento todavía no se ha construido ninguno de la decena de centros proyectados.

"En Madrid se ha cedido más de un millón de metros cuadrados de suelo para este fin"

Para Francisco García, secretario de Enseñanza de CCOO, este modelo supone una peligrosa deriva hacia la privatización que además ha ido acompañada de una pérdida de la equidad, al permitir la segregación del alumnado por sesgo social y económico. Eduardo Sabina, de UGT Madrid, alerta de que el sistema ha supuesto en Madrid una suerte de "copago educativo" ya que "aunque el suelo público se regala, los promotores tienen que construir los colegios, que de media requieren una inversión de entre 10 y 12 millones de euros. La única manera de amortizar costes y lograr beneficios es repercutiendo parte de esos costes a las familias mediante la exigencia de cuotas encubiertas -y prohibidas por la ley- , que pueden oscilar entre los 150 y los 200 euros mensuales. Se rompe así de facto la gratuidad del sistema educativo y de paso se vulnera la Constitución", señala Sabina.

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Las enmiendas del PP también permiten que los centros que segregan a niños y a niñas en las aulas, en su mayoría vinculados a organizaciones religiosas, accedan a fondos públicos para conciertos educativos y, además, puedan igualmente recibir suelo público para levantar sus instalaciones. Las propuestas del grupo popular también dan luz verde a que sean profesores de la escuela privada los que corrijan las nuevas reválidas e introducen algún significativo cambio de redacción al texto del ministro Wert al sustitutir la expresión "servicio público de educación" por un genérico "servicios para el ejercicio del derecho a la educación".

PSOE e IU han criticado duramente al PP por introducir estas enmiendas a la ley Wert. Según el diputado socialista Mario Bedera, "si antes el texto hacía concesiones inaceptables a la escuela privada concertada, ahora podemos decir que el PP se echa directamente en los brazos del negocio privado en la escuela y eso no lo vamos a permitir". Parecida opinión tiene Caridad García, de IU, para quien estamos ante una "medida gravísima que supone un ataque frontal a la escuela pública. Hasta ahora hablábamos de veleidades en algunas comunidades autónomas, pero ahora la veleidad es del propio Gobierno de España y se pretende consagrar por primera vez en una ley orgánica.