La policía asume la acusación de un detenido por el escrache de Gallardón
La Fiscalía renuncia a acusarle por falta de pruebas pero pide 90 euros de multa para otro de los detenidos y le atribuye varias faltas de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia a la autoridad
MADRID
La Fiscalía ha solicitado una multa de 90 euros para uno de los detenidos durante el 'escrache feminista' ante el domicilio del Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, atribuyéndole varias faltas de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia a la autoridad. Durante el juicio de faltas, que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía ha levantado la acusación contra otro de los detenidos, pero han sido los policías implicados los que han decidido ejercer su derecho de acusación contra él.
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La Fiscalía ha pedido una multa de 90 euros para uno de los detenidos durante el 'escrache feminista' en casa del ministro Alberto Ruiz-Gallardón el pasado mes de mayo. El Ministerio Público le atribuye varias faltas de desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y resistencia. La policía ha decidido hacerse con la acusación de otro de los implicados después de que la Fiscalía haya decidido que no había suficientes pruebas para inculparle.
Durante el juicio de faltas celebrado hoy, el Ministerio Público también ha levantado la acusación que había presentado contra otro de los detenidos, al que inicialmente se atribuía una falta de desobediencia a la autoridad. Ha decidido hacerlo después de ver los vídeos aportados por su defensa, determinando que no existían pruebas para inculparle. Quien sí ha decidido ejercer como acusación contra este segundo detenido han sido los policías que han acudido a declarar como testigos: según su versión, detuvieron a estos dos manifestantes después de que se negaran a ser identificados y por mostrar una actitud violenta. Declaraciones que, según ha podido saber la Cadena SER, han contrastado con la de los acusados y los testigos de la defensa, que han alegado que no se produjo ninguna agresión hacia los policías, y que los agentes de la autoridad realizaron "identificaciones arbitrarias".
A su entrada al juzgado nº 8 de la capital, el mismo en el que también se enjuician los disturbios del 25-S, uno de los acusados ha afirmado que esta denuncia "sólo es un intento de asustar a la ciudadanía para que no ejerza sus derechos y no proteste". La protesta se produjo el pasado mes de mayo, comenzando en la sede central del Partido Popular de la calle Génova y trasladándose hasta las inmediaciones del domicilio del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el centro de la capital. Bajo la denominación de 'escrache feminista', varios miles de personas protestaron por los proyectos de reforma de la Ley del Aborto. Dos personas fueron detenidas después de algunos enfrentamientos leves con la policía. El caso está visto para sentencia.
Citaciones judiciales y sanciones administrativas
Fuentes jurídicas cercanas al acusado han señalado a la Cadena SER que, en la mayoría de protestas en las que hay detenidos, las reclamaciones llegan tanto por vía judicial como por vía administrativa. En este caso, no sólo se sigue un procedimiento judicial en Plaza de Castilla a instancias de la Fiscalía, sino que también ha llegado un aviso de sanción administrativa. Fuentes del caso afirman que estas sanciones suelen alcanzar unas cantidades que "ni un particular ni un colectivo como el que promueve estas protestas puede permitirse".
