Crímenes franquistas: caso abierto

La juez María Servini investiga los crímenes de la dictadura franquista en un juzgado de Buenos Aires con la vista puesta en la detención, extradición e interrogatorio de cuatro presuntos torturadores del régimen. En noviembre recibirá la visita de varios diputados españoles después de varias peticiones sin éxito de información al Gobierno español y a la Fiscalía.

La jueza abrió el caso contra los crímenes de la dictadura franquista hace tres años y solicitó ayuda judicial al gobierno español pero nunca le ha llegado.

El paso dado ahora por la magistrada Argentina vuelve a retar a nuestros gobernantes que en dos ocasiones negaron que tuvieran competencia para investigar los hechos denunciados. Tanto el gobierno de Zapatero como el de Mariano Rajoy han contestado a la juez Servini con la misma negativa.

En la primera, la magistrada solicitaba al ministerio de Justicia que le informara sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, y en qué fase de la investigación se encontraban las diligencias. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y específicamente, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños que describían las acusaciones en su querella.

Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, con el PSOE en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.

Falta de colaboración española

Los abogados que presentaron la querella explicaron en un recurso que todos los procesos abiertos en distintos juzgados habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban algunos relacionados con la existencia de fosas comunes y bebés robados pero que no existía una investigación penal contra los responsables de esos actos.

La jueza envió una segunda comisión rogatoria ampliatoria a España, pidiendo la identificación de nueve responsables de la represión franquista pero la Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno, a través de Eduardo Torres-Dulce que no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas.

Mientras tanto, la justicia argentina intento interrogar a algunas víctimas a través de videoconferencia pero ninguna de las tres citas judiciales llego a celebrarse por distintos motivos, que los denunciantes achacan " a un boicot evidente de los responsables españoles".

Ordenes de detención

En marzo de este año, la juez emite órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad del Estado.

Visita de diputados españoles

Según los promotores de la querella, el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, la juez recibirá la visita de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, ECR y el PSOE, según los querellantes