Hacienda impone sanciones a jubilados con pensiones del extranjero sin declarar

Cientos de miles de jubilados españoles están recibiendo notificaciones de Hacienda en la que se les exige que presenten las declaración de la renta por las pensiones que están cobrando del extranjero. Se lo reclaman desde 2008. Ellos se defienden diciendo que si no lo hicieron antes fue porque nadie se lo comunicó y denuncian desinformación. Añaden que su intención no fue la de incumplir con sus obligaciones fiscales. La Agencia Tributaria señala que la ley es clara y niega las acusaciones de los pensionistas.

La historia se repite constantemente: un jubilado recibe una carta certificada de Hacienda en la que se la insta a declarar las pensiones que recibe del extranjero. La sanción es un recargo de un 20% más de lo que le correspondería pagar y un 5% de intereses de demora por cada año que no ha cumplido con el fisco. Tiene 10 días de plazo o de lo contrario se le impondrá una multa. Los pensionistas protestan porque nadie les informó de esta obligación fiscal. "A nosotros se nos informaba de que no teníamos que tributar las pensiones que recibíamos del extranjero, porque no tenían que ver con España", exclama un indignado Xosé Lois Leirós, portavoz de la Plataforma de Afectados de O Salnés (Pontevedra). Como él hay entre 400.000 y 450.000 jubilados más, según el PSOE. La explicación de este colectivo es que siempre se les comunicó que estas cantidades que recibían del exterior estaban exentas de tributación en España. Acusan a Hacienda y a los Consulados de falta de información. Añaden que nunca tuvieron intención de evadir impuestos y señalan que no son defraudadores.

Las notificaciones de la Agencia Tributaria llegan también a los herederos de los que no hicieron frente a estos pagos. Un ejemplo es Xosé Lois González, de Ourense. La Agencia Tributaria le reclama 1.050 euros por la declaración que su suegro, fallecido en 2010, no realizó en el año 2008. Esto sumado a una nueva sanción por 2009 y al proporcional de 2010, podría elevar el recargo hasta los 3000 euros. Se muestra sorprendido por la noticia e indignado con el trato dado por Hacienda.

Otro afectado es José Luis Millán, de 72 años y natural de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Él de momento no ha recibido una notificación de Hacienda, pero decidió presentar una declaración complementaria del año 2012 antes de que le llegara la carta del fisco. Trabajó hasta la década de los 70 en Francia y en Alemania. Se arrepiente de haber vuelto de estos países donde, según él, estuvieron muy bien apreciados y respetados. El caso le recuerda a la estafa de las preferentes, de la que él también es afectado. Tacha la medida de Hacienda de meramente recaudadora.

Entre 5.000 y 15.000 euros de sanción

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El drama se extiende a lo largo y ancho de la Península y afecta sobre todo a las comunidades autónomas tradicionalmente emigrantes, como Galicia, Asturias, Andalucía o Extremadura. La Federación Española de Emigrantes Retornados (FEAER) calcula que en España hay 1.400.000 personas que han trabajado en el extranjero. Su presidenta, Eva Foncubierta, tiene constancia de casos similares por todo el territorio español. El colectivo que ella preside denuncia que la Agencia Tributaria ha informado mal a los jubilados sobre sus obligaciones con el fisco. Añade además que hasta julio las delegaciones de Hacienda insistían en que las pensiones del extranjero no tienen obligación de declararse. Y pone de ejemplo un funcionario de la delegación de Jerez de Frontera (Cádiz) que reconocó ante un jubilado haberle informado mal.

Las cantidades que este colectivo reciben del extranjero son pequeñas, oscilan entre los 50 y los 500 euros. Las sanciones por no tributarlas están entre los 5.000 y los 15.000 euros. "Muchas veces hay que pagar más de lo que se cobra al año por esa pensión", denuncia Eva Foncubierta. La sanciones a este colectivo han llegado al Parlamento. BNG, Izquierda Plural y PSOE han presentado propuestas para intentar solucionar la situación. Los socialistas han registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se lleve a cabo una campaña de información y que se ayude a los pensionistas a regularizar su situación. Además interpelarán en el Senado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que también preguntarán en la Cámara Baja. También lo harán con la titular de Emigración, Fátima Báñez. El BNG va más allá y también registró una pregunta escrita y una proposición no de ley para que se eliminen las sanciones.

La respuesta de la Agencia Tributaria es clara

Fuentes del organismo han apuntado a la Cadena SER que la ley es clara y establece que las pensiones que tienen más de un pagador deben tributarse si superan los 11.600 euros. Frente a las acusaciones de desinformación, argumentan que todo está a disposición del contribuyente en internet, a través del teléfono y en las delegaciones de Hacienda. El sindicato de técnicos GESTHA señala que el ministerio tiene razón, pero su secretario general, José María Mollinedo, critica que se ponga especial atención en este tipo de impagos y no se persiga con más vehemencia a los grandes defraudadores.