Ruz sospecha que el PP pagó en negro parte de las obras de su sede central
Imputa al arquitecto que realizó la obra por delitos fiscales, falsedad documental y contable, y apunta a responsables del PP como "cooperadores necesarios"
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha actuado después del informe pericial de Hacienda, que como la UDEF, da veracidad a los papeles de Bárcenas y varios de los apuntes contables que contiene, y al descubrir "descuadres" en los pagos realizados por el PP al arquitecto Gonzalo Urquijo en las obras de remodelación de la sede central de Génova.
En concreto, el juez dice que en la contabilidad oficial del PP aparecen dos pagos a cuenta en 2007 y 2009 por 1.381.140 euros realizados a Unifica, la empresa del arquitecto, que no figuran en la contabilidad de la firma.
Más información
- Ruz urge a la UDEF para que le envíe un informe clave del caso Bárcenas
- La UDEF sostiene que las cuentas de la sede del PP "no encajan"
- Gonzalo Urquijo era el arquitecto de cámara de la cúpula económica del PP
- Anticorrupción se opone a reclamar los contratos de empresas donantes del PP
- Sonrojo internacional para la marca España
- Rajoy, sobre el Caso Bárcenas: "Hay cosas que no se pueden demostrar"
- El exjefe de seguridad del PP firmó las cuentas de 2004 pese a su desconocimiento contable
- Hacienda concluye que los sobresueldos del PP no constituyen delito fiscal
- La policía no puede recuperar nada de uno de los ordenadores de Bárcenas
El magistrado añade que los 'papeles de Bárcenas', a los que otorga credibilidad, contienen otros pagos de 2008 por un total de 888.000 euros, supuestamente realizados con dinero en B, que podrían determinar la existencia de otro posible delito fiscal.
El juez entiende que las obras podrían haberse pagado en parte en negro, y considera que el arquitecto sería responsable de cometer uno o varios delitos contra la hacienda pública. De esos delitos también serían responsables, "como cooperadores necesarios", aquellas personas "que hubieran contribuido activamente" a la "realización de los actos" que hayan conducido a la realización de los posibles delitos. Es decir, que Ruz abre la vía a imputar por los mismos delitos como "cooperadores necesarios" a quienes hayan autorizado y realizado el supuesto pago en negro.
El juez aclara en su escrito que investiga esta operación porque habría tenido lugar a partir de 2007; año desde el que no habrían prescrito los posibles delitos fiscales analizados en la causa.
El magistrado desvela este lunes que el fin de semana pasado registró la sede de la empresa del arquitecto, donde halló documentación que ha unido a la causa.
