La oposición tacha de antidemocrática y represiva la ley de Seguridad Ciudadana

El PSOE rechaza las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, un proyecto que, a su juicio, es más de "represión" ciudadana y que considera propio de "regímenes no muy democráticos". Izquierda Plural asegura que debería llamarse "ley de la patada en la boca a la democracia" porque lo que pretende es abrir una "ofensiva brutal contra los derechos civiles". Colectivos sociales denuncian que la ley está "hecha a medida de las protestas que han surgido desde el 15-M"

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Soraya Rodríguez ha defendido que el PSOE no considera necesaria una nueva ley en esta materia, pero ha dejado claro que si el proyecto del Gobierno tiene el contenido que se está conociendo, el PP no podrá contar "para nada" con los socialistas. La dirigente socialista ha mostrado su "preocupación" y "asombro" por la propuesta del Ministerio del Interior y ha censurado que el Ejecutivo pretenda castigar a los ciudadanos por conductas que los jueces "no consideran delictivas" en tanto en cuanto no están contempladas en el Código Penal. En este sentido, Rodríguez ha abundando que en el PSOE se opondrá de forma "muy firme, clara y rotunda" a que se "restrinjan" los derechos ciudadanos "por vía gubernativa". "Eso se hace en otros regímenes que precisamente no son muy democráticos", ha concluido.

Por su parte, la Izquierda Plural califica el proyecto de "ley de patada en la boca a la democracia" porque lo que pretende es abrir una "ofensiva brutal contra los derechos civiles". Así lo ha resumido el diputado de ICV y portavoz adjunto de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, quien sostiene que el Gobierno del PP, después de haber llevado a cabo una "contra-reforma contra los trabajadores" a través de la reforma laboral, pretende ahora "criminalizar a los movimientos sociales e impedir que ejerzan su función de canalizar los intereses de los ciudadanos".

A su juicio, la suma de este anteproyecto más la anunciada reforma de la Ley de Aborto y el proyecto de Código Penal, van a transformar España de un "sistema autoritario" a un "régimen totalitario". "Si la Ley de Seguridad Ciudadana del ministro José Luis Corcuera en los ochenta se conoció como la 'patada en la puerta', ésta es la ley de la patada en la boca a la democracia", ha añadido. Coscubiela ha garantizado que su grupo hará lo posible por lograr que ese proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana "nazca muerto", para lo cual ha animado a promover "movilizaciones preventivas" en su contra. Además, espera que le ocurra lo que pasó con aquella 'Ley Corcuera', que anulada en parte por el Tribunal Constitucional.

Colectivos social ponen el grito en el cielo

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Los diferentes colectivos y organizaciones ligados al movimiento 15-M consideran que con el anteproyecto de ley del Gobierno pretende "imponer la ley del miedo" y "criminalizar cualquier acto de protesta" como ya ocurría en la "época de la represión franquista". "Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca", ha asegurado el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral.

En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma "recuerda a las peores épocas de la represión franquista" así como que supone "un ataque directo" a los "modus operandi" y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. "Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Estamos yendo a un Código Penal y a leyes de un sistema totalmente autoritario. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea votar al PP sea radical y violento", ha sentenciado Castelló.

Según el redactado del anteproyecto de la citada norma, entre otras medidas, las concentraciones no autorizadas frente a la Cámara Baja supondrán multas de hasta 600.000 euros, e insultar a un policía conllevará una sanción de hasta 30.000 euros.