El 'caso Carioca' evidencia que España es incapaz de proteger a las víctimas de trata

De las 14 testigos protegidos del caso, cinco están fuera de España. Tres de las mujeres que prestaron declaración, entre ellas la que destapó la trama, fueron expulsadas a Brasil a pesar de contar una orden judicial de 'inejecución de expulsión'. "Todavía tengo miedo, si arriesgas la vida para colaborar en un caso como éste, tienes que tener protección", denuncia una de las testigos. | Escucha el tramo de 'Hoy por Hoy' dedicado a la operación carioca y los tremendos testimonios de algunas de las víctimas:

Sin salida y con miedo. Así vive Josefina (nombre ficticio) desde que junto a otras víctimas denunció a la mayor red de trata de mujeres jamás desmantelada en España, conocida como 'caso Carioca'. Josefina, brasileña, no teme sólo que alguien vinculado a la trama pueda localizar y hacerles daño a ella y a su hija, sino los efectos que las decisiones de la Administración española están teniendo en sus vidas y que se resumen en una palabra: desprotección.

Josefina y su hija viven en un limbo jurídico que les impide hacer vida normal. "No entiendo por qué si he colaborado con la justicia no me ayudan a conseguir los papeles de la niña. Yo me estoy arriesgando, sigo prestando declaración si hace falta, pero pese a que llevo casi tres años peleando para que le den los papeles, ella sigue ilegal y la podrían expulsar en cualquier momento. Las dos solicitudes que he presentado, han sido denegadas. Si la envían a Brasil, me iré con ella, me dará igual el caso, porque ella es lo más que me importa. Nos prometieron muchas cosas pero sólo nos dieron los papeles por un año. Nada más", cuenta.

La reforma de la ley de Extranjería establece que una víctima de redes de trata tiene derecho a protección inmediata mediante un permiso de residencia de cinco años. Además la legislación internacional considera que los hijos de una víctima de trata también lo son, por lo que por extensión, también deberían recibir dicho permiso. "Se demuestra que las administraciones no están preparadas para responder ante la mayor red de trata desmantelada jamás en España", aseguran fuentes de la investigación.

La documentación de Josefina y el resto de víctimas además no ha estado vinculado a esta condición. "Nuestra renovación de los papeles depende del trabajo nada más, si cotizas y tienes contrato renuevas, si no nada. Las compañeras que no tenían contrato o estaban en paro no han podido renovar los papeles y se han ido a Brasil", asevera.

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La situación es tal que cinco de las 14 testigos protegidos del caso, están fuera de España. La mujer que destapó la trama, la principal testigo, fue expulsada por la Policía Nacional a Brasil cuando el caso estaba aún bajo secreto de sumario. "Se la querían quitar de en medio, se tomaron muchas molestias para ser supuestamente sólo una expulsión administrativa por no tener papeles, pero nada más detenerla le preguntan por un guardia civil que es precisamente uno de los investigadores, es decir sabían perfectamente que ella estaba dando información y por eso la expulsaron de España" asegura su abogado. Al conocer el caso, la jueza exigió que se la trajera de vuelta y una vez aquí se practicó con ella una prueba anticipada. Una vez en España se tramita su permiso de residencia, el proceso se dilata durante mucho tiempo y regresa a Brasil. Finalmente la autorización de residir en España le llega cuando ya estaba en su país de origen. El abogado que la representa solicita que se le de la tarjeta de residencia a través de un consulado de España en Brasil pero el ministerio del Interior de momento se niega. La jueza ha exigido que se documente a esta testigo desde hace cerca de 2 años pero el Ministerio de momento hace caso omiso. A esto hay que añadir el caso de otra testigo que contaba con una orden de inejecución de expulsión y que además ya tenía residencia legal en España. Hace un viaje a su país y vuelve con la tarjeta caducada. A pesar de que en la base de datos de la Policía les consta su "inexpulsabilidad" la devuelven a su país como un rechazo en frontera.

Fuentes de la investigación confían en contar con la presencia en el juicio de las principales testigos pues incluso algunas de las que están fuera de España, estarían dispuestas a volver para declarar. En todo caso la jueza ha realizado 12 pruebas preconstituidas.

La falta de protección y ayudas no han mermado su deseo de contribuir a que se haga justicia con quienes las explotaron, les exigieron el pago de deudas de entre 3.000 y 6.000 euros e incluso las maltrataron. Además, desea que su hija siga recibiendo educación aquí. Tampoco tiene mucha más opción. De irse, tendría que abandonar aquí a la menor. "No hay salida ninguna. No tiene NIE(número de identificación de extranjeros), no tiene permiso de residencia, así que no puede viajar. Ni siquiera sale de casa por miedo a que la policía la detenga y la expulse. Hasta el bonobus lo tiene a mi nombre. Vive encerrada, lleva una vida de prisión. Tiene problemas para todo, a nivel administrativo en el Instituto, si por ejemplo tienen que hacer un viaje en el Instituto ella no puede ir. Así lleva casi 2 años", relata Josefina, que ha presentado una queja al Defensor de Pueblo al respecto y ha trasladado su situación a la jueza que lleva el caso.

"Todavía tengo miedo. Si ahora ni siquiera cuento con la justicia para obtener la documentación de mi hija, ¿cómo me puedo fiar de que me van a dar una protección cuando estén (todos los imputados) en la calle y ya haya pasado el juicio? Yo di testimonio, pruebas, la deuda que me exigieron pagar, las condiciones en las que estuve en el club, me puse a disposición de la justicia y declaré. Si arriesgas la vida para colaborar en un caso como éste tienes que tener una protección", afirma.

Pánico a las represalias

La red del caso Carioca explotaba a mujeres en su mayoría de Brasil pero también de la República Dominicana, Colombia, Ecuador o Paraguay. José Manuel García Adán, el principal imputado, "daba palizas monumentales a las chicas, palizas a diestro y siniestro", según denuncian las víctimas, que no podían salir del club y eran obligadas a trabajar durante 14 horas seguidas, quedando exentas sólo el primer día de regla y en algunos casos eran amenazadas con maleficios de santería.

"Nos dicen que no va a pasar nada pero sí que pasa. La que conviví durante casi un año con él fui yo, sé el genio y el carácter que tenía. Después de la denuncia, no va a salir de la cárcel y perdonarlo todo", teme.

En libertad desde hace tres meses, Adán esperó tres años para ofrecerse a declarar ante la jueza y contarlo todo "tirar de la manta y contarlo todo sobre políticos y empresarios a cambio de que le den la custodia de su hija" aseguran fuentes de la investigación que precisan que la jueza se negó a entrar en chantajes.

Alicia (nombre ficticio) es otra de las mujeres que está colaborando con la investigación. "Me enteré de que la jueza estaba buscando testimonios y yo misma la llamé para contarle lo que sucedía. Fui dos veces a declarar".

"La gente piensa que es un trabajo fácil, que se gana dinero fácil pero no, es el peor trabajo que hay en el mundo. Aguantas borrachos, drogados, de todo, y aguantar todo eso y no poder tener una tranquilidad... Yo no era libre, vivía en un piso y me llevaban y traían al club, pero me tenían bien controlada en todo momento para que no me fugase" afirma en un breve encuentro en otro punto de España. No para de mirar a todas partes porque teme que "la gente de José Manuel " pueda aparecer para amenazarla en cualquier momento.

"Lo que preocupa a todas horas es el juicio. El que tiene poder y dinero puede hacer lo que le da la gana. Ellos también tienen familia como nosotros, alguien puede hacernos algo mandados por ellos. No niego que me da mucho miedo que se quieran vengar por ellos según sea el juicio, la sentencia", relata Alicia, que tuvo como cliente a uno de los policías imputados, según ha sabido después.

"Me parece muy mal (que José Manuel esté en la calle) porque no deja de ser un peligro. Salimos a la calle con miedo, si llevamos mucha ropa o si cambiamos el tinte del pelo o los peinados... es por miedo, para que no nos reconozcan, por miedo a él y a los suyos. Él ya tiene las manos manchadas pero puede mandar a alguien".

Policías y guardias civiles, imputados

El caso Carioca ha destapado la incapacidad de la Administración española para asistir a las víctimas de trata y lo inútil que puede resultar la ley de testigos protegidos cuando están imputados policías o guardias civiles.

Un ejemplo: las víctimas tienen que recoger las tarjetas de residencia en comisarías donde residen, con lo que se facilita a los policías imputados localizar a las chicas. Cabe recodar que el inspector jefe de extranjería de Policía Nacional en Lugo, uno de los principales imputados, llegó a hacer un informe sobre sí mismo y fue a entregarlo en persona a la jueza. Finalmente fue cesado.

Fuentes de la investigación denuncian muchas carencias en la protección de las víctimas de trata. Falta de medios para garantizar la subsistencia a las víctimas. "Se está vendiendo humo" sobre la protección a las víctimas, en realidad la ley es muy restrictiva para dar permisos de residencia a víctimas de trata. Sin permiso de trabajo y residencia ni otros medios específicos, como casas de acogida, al final no tienen salida. Al no tener alternativas acaban volviendo a ejercer la prostitución.

La falta de coordinación entre instituciones, juzgados y organizaciones no gubernamentales supone que finalmente estas mujeres tengan muchas dificultades para acceder primero al permiso de residencia -en el que caso que lo necesiten- o alguna medida de protección-desde pisos de acogida a ayudas económicas de subsistencia mientras consiguen salir de la prostitución-.

La falta de formación policial genera que "muchos agentes se tomen a las mujeres como simples objetos, las tratan como prostitutas que no tienen derecho a nada y si encima han acusado a algunos de sus compañeros como en este caso, les acaban poniendo muchas dificultades cuando no coaccionándolas para que se vayan de España o directamente las expulsan como ha pasado con varias de las testigos" explica una abogada experta de redes de trata".

Una investigación minada

A una de las víctimas los propios guardias civiles comisionados para la investigación le pagaron una noche de hotel de su bolsillo. Esa joven tenía que declarar ante la jueza, había llegado desde fuera de Galicia pero "nadie dio un recurso de acogida en Lugo, la concejal llega a decir que la lleven al albergue de los " sin techo", aclara el abogado que la representa.

A otras víctimas , estos guardias comisionados para la investigación, les han tenido que pagar de su bolsillo la compra de teléfonos móviles para poder mantener el contacto con ellas de cara al próximo juicio.

Esta actitud de los agentes investigadores les ha granjeado el rechazo de muchos de sus compañeros de la comandancia del instituto armado en Lugo "Les rallaron los coches en el aparcamiento del cuartel, les reventaron la puerta del despacho de la policía judicial intentando buscar documentos" denuncia un letrado con acceso al sumario.

Según este abogado "tanto a los guardias civiles como a la jueza les han llegado a realizar seguimientos, algunos coches de la brigada de información seguían a la magistrada y a los comisionados de la Guardia Civil, por ello la jueza llegó a abrir diligencias y pidió explicaciones, pero quedaron en nada porque hay muchos peces gordos implicados que no quieren que se llegue el fondo de la investigación" denuncia este letrado.

El propio José Manuel García Adán no ha dejado de amenazar , de hecho a uno de los investigadores le espetó en medio de los pasillos de los juzgados de Lugo" tú vas a pagar con tu propia sangre". A esto hay que añadir que según los propios testigos " hemos estado recibiendo amenazas de policías amigos de los imputados" .

Carencias en la atención a las víctimas de trata

El ejemplo más escandaloso de la falta de protocolos para actuar en estos casos se vivió en octubre. Ese día se evidenció la increíble falta de colaboración de la administración central con la jueza que instruye el caso. La magistrada había solicitado que a José Manuel García Adán se le colocara una pulsera telemática para controlar por GPS que no se acercara a las más de 160 víctimas sobre las que tiene orden de alejamiento. La Delegación del Gobierno para la violencia de Género "se negó inicialmente a autorizar esa pulsera porque considera que no se trata de un caso de violencia de género", explican fuentes de la investigación. Sólo después de que se pidiera amparo hasta al Defensor del Pueblo y de la apertura de una investigación por parte de esta institución, finalmente a 1 hora de la puesta en libertad, y después de que la jueza advirtiera de que si no se autorizaba la pulsera solicitaría como medidas de protección la puesta en disposición de 2 policías como escolta por cada chica sobre la que pesa orden de alejamiento, sólo después de eso llegó la autorización desde Madrid para que se colocara la pulsera.

Según una experta internacional en estos casos, el caso Carioca "ha puesto en evidencia al estado español. La necesidad de formación de Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a la hora de identificar e investigar la trata, siendo España puerta de entrada y uno de los lugares donde más se explota a las mujeres de toda Europa".

Si bien es cierto que es una investigación muy compleja, ya que tomar declaración en tiempo record a un número enorme de víctimas no es sencillo "lo que queda demostrada es la necesidad de cooperación entre policías, ONG especializadas para recoger a las declaraciones, etc para que las victimas no cuenten su historia de manera fría a un policía en poco más de una hora siguiendo un cuestionario tipo" señala esta experta que recuerda además que" muchas de las víctimas habitualmente no son conscientes de ser víctimas de trata".

Las propias cifras del Gobierno muestran esas carencias. Según los datos que sobre 2012 constan en el "IV informe de seguimiento del plan integral de lucha contra la trata": de las 976 víctimas con fines de explotación sexual detectadas ese año, había 377 en situación irregular. A todas se les ofreció periodo de reflexión, sólo 81 se acogieron a él y se concedieron a penas 60." Aquí está el error, la cantidad de víctimas de trata perfectamente identificadas que se quedan por el camino y que no reciben ningún tipo de protección, si bien la policía ha mejorado los mecanismos de identificación como puede ser que a pesar de apreciar indicios de víctimas de trata y después se le niega, ahí pasado algo" explica una experta en trata. Del informe de ese año se observa que se concedieron sólo 66 autorizaciones de residencia. "Si de 377 víctimas de trata identificadas sólo conceden finalmente 66 autorizaciones, ¿cuántas se quedan por el camino? Y a esto hay que añadir que el procedimiento se alarga mucho en el tiempo y quedan muchos meses desprotegidas y sea imposible que encuentren un trabajo si no tienen rápidamente el permiso de residencia" denuncia esta letrada. Hay muchos casos de ONG que intentan ayudar a normalizar la situación de estas mujeres pero se encuentran con el muro de la lenta burocracia.

Ya, el Defensor del Pueblo, en su informe monográfico sobre trata que se presentó a las Cortes en octubre de 2013 llamaba la atención sobre las carencias que siguen existiendo en el sistema para atender a las víctimas. En esa actualización de su dossier sobre trata se denuncia la falta de intervención efectiva de las ONG especializadas en el proceso de identificación, que se limita el papel de las ONG a la asistencia a las víctimas pero se olvida que para que una víctima pueda dar su testimonio sobre una red difícilmente lo hará ante un policía sin la asistencia de un experto o experta de una ONG sobre trata. Además señala que la protección a la víctima se esté condicionando sólo a si colabora con la justicia, algo que el Consejo de Europa ya criticó a España.

La ayudante del fiscal de sala para trata de seres humanos, Patricia Fernández Olaya, asegura en la Cadena SER que "los hechos de la 'causa Carioca' jamás podrán ser enjuiciados como delito de trata de seres humanos":

El caso Carioca, en cifras

Un total de 440 mujeres han sido identificadas como testigos, víctimas de trata y explotación sexual en el caso Carioca según fuentes de la investigación.

De ellas,180 no han sido localizadas aún en España, aunque estén identificadas detalladamente por loes testimonios de otros testigos. No obstante a 230 víctimas se les ha recibido declaración judicial.

Hay pruebas de que en los 5 clubes investigados de la provincia de Lugo hay 150 mujeres que han venido a España con deuda (víctimas de trata). De hecho , se ha constatado que unas 40 mujeres contrajeron una deuda en España con sus proxenetas en esos mismos clubes (para ir a su país a ver a su familia, para mandar un dinero, para atender a sus necesidades sanitarias, etc.) que luego tenían que "devolver" a los jefes de la red.

Al margen de las mujeres relacionadas con los clubes investigados, existen pruebas sobre 80 mujeres que han venido a España con deuda a otros clubes distintos de España y que acabaron apareciendo en la investigación del 'caso Carioca'.

Unas 40 mujeres reconocen haber pasado por el pasillo del Aeropuerto de Barajas cuyo "vigilante" se relaciona en la Operación( las mujeres recibían instrucciones para pasar siempre por la ventanilla concreta donde siempre estaría de guardia alguno de los policías imputados que nunca pondrían impedimento a que entraran en España).

En la investigación también quedad constatado que hubo en torno a 30 mujeres a las que se les prorrogó la estancia legal (de 3 meses para turista con la que llegaron), por parte de los responsables de Extranjería (o quienes se hacían pasar por tales) a cambio de un precio (300-600 euros).

Se han regularizado entre 50 y 60 mujeres en virtud del beneficio que concede la Ley de Extranjería a las víctimas de trata y a los colaboradores contra redes organizadas. Se les ha suspendido la orden de expulsión vigente a 100 mujeres, aproximadamente, por los mismos motivos.

Hay 14 testigos protegidas en sentido procesal estricto.