El Consejo General de la Abogacía considera "ilegal" la actuación de Interior

Madrid

Continúan las reacciones tras la comparecencia del ministro del Interior de la última versión oficial de lo ocurrido en Ceuta, el pasado 6 de febrero. Desde el entorno de la Abogacía aseguran que las devoluciones en Ceuta suponen una "ilegalidad manifiesta" por la falta de auxilio a los inmigrantes.

El Consejo General de la Abogacía considera ilegales las devoluciones que se hicieron de 23 inmigrantes en la frontera de Ceuta el pasado 6 de febrero, según reconoció Jorge Fernández Díaz en sede parlamentaria. Creen que el cordón policial desplegado en la playa para delimitar territorio nacional no existe en derecho y consideran una "barbaridad" desde el punto de vista jurídico.

El portavoz de la subcomisión de Extranjería, Paco Solens -en declaraciones a la Cadena SER- denuncia la omisión de socorro que se ha producido, ya denunciada por varios diputados de la oposición en la comisión parlamentaria de Interior. "Hablamos de personas que están en el mar, enfrentándose a condiciones muy adversas y de que ha habido unos 15 muertos. Es decir, estaban ante un manifiesto peligro de sus vidas y en lugar de enviar a salvamento marítimo se envíen pelotas de goma es una omisión de socorro grave y clara".

Según la Abogacía, la Fiscalía debe intervenir porque se han producido muertes, no solamente en territorio marroquí sino también se han podido producir en territorio español.

Devoluciones "ilegales"

La devolución que se produce, explica Solens, hasta ahora se han justificado en una supuesta política de Estado que se está desarrollando desde 2005, y hasta ahora se ha negado que existiera. "Una vez salen las imágenes, se le pretende dar otra justificación, esto de que no han llegado a entrar en España, se mire por donde se mire la actuación es manifiestamente ilegal. No entra dentro del convenio de readmisión, ni como devolución, ni como expulsión".

Para la Abogacía, se ha privado a los inmigrantes de unos derechos que forman parte de los procedimientos establecidos, el derecho a la asistencia letrada, a la asistencia de intérpretes y el derecho a ser oídos ante una posible petición de asilo o ante una posible petición de acogimiento por razones humanitarias.