Reforma fiscal: IVA reducido sólo para turismo, vivienda y transporte y menos IRPF
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El comité de expertos para la reforma tributaria, presidido por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares, recomienda gravar la vivienda habitual en el IRPF -descartado por el Gobierno- y eliminar con carácter retroactivo la deducción por la compra de primera residencia
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Un informe de más de 400 páginas cuyas principales propuestas pasan por bajar los tipos del IRPF, elevar el IVA de los bienes y servicios con tipo reducido salvo para turismo (incluida la hostelería), vivienda y transporte de viajeros, rebajar el impuesto de sociedades a cambio de eliminar deducciones y gravar los rendimientos de los bienes inmuebles, tanto imputados como efectivos. Además, se recomienda eliminar la exención de tributar en el IRPF por las indemnizaciones por despido, reorganizar las cotizaciones sociales y hacer recaer más el peso de esos pagos sobre los trabajadores y menos sobre las empresas.
> IVA. El tipo general del IVA, en el 21%, no subiría, de acuerdo a las sugerencias no vinculantes recogidas en el informe de los expertos, pero los bienes y servicios que se gravan al 10%, el tipo reducido, pasarían al general. Hay tres excepciones: las que afecten al turismo, incluida la hostelería, la vivienda y el transporte de pasajeros. Los que pagan el tipo superreducido, del 4%, muchos productos de primera necesidad, se plantea que no se muevan de ahí.
> IRPF. Los expertos proponen reducir el número de tramos de la tarifa que grava las rentas del trabajo a cuatro, "reflejando así la estructura habitual de la clasificación de las rentas en la sociedad: rentas bajas, rentas medias -con sus dos tramos, medias bajas y medias altas- y rentas elevadas". Además, proponen bajar el tipo mínimo (actualmente en el 24,75%) "en cuatro o cinco puntos menos o, incluso, en niveles más reducidos", y bajar el tipo máximo por debajo del 50%, llevándolo "en la medida en la que presupuestariamente se pueda, a los niveles medios de la Unión Monetaria" (que son del 43,7%). Esta bajada a la tributación de las rentas más altas la justifican en que, si los tipos son demasiado altos, "pueden influir notablemente en la deslocalización de actividades y personas".
> Sociedades y Patrimonio. Para el impuesto de sociedades se apuesta porque baje primero del 30% actual al 25% y en una segunda etapa al 20%, eliminando a cambio deducciones y desgravaciones que ahora hacen que las grandes empresas terminen soportando en la práctica menos carga fiscal. En las comunidades autónomas creará más polémica la idea de suprimir el impuesto de patrimonio, con aplicaciones diferentes según la autonomía. También donaciones y sucesiones contarían con limitaciones.
En general, en el informe se pide mantener un elevado grado de centralización en la gestión tributaria y una serie de filtros si una comunidad autónoma quiere crear un nuevo impuesto, como comprobar si el Gobierno central no los grava o si afecta a la libre circulación de personas, servicios o mercancías.
> Vivienda. Como les venimos contando, los expertos apuestan en su informe porque los dueños de viviendas paguen en el IRPF por su vivienda habitual (ahora exenta), como se hace con las segundas residencias y otros inmuebles. Esta iniciativa ya ha sido descartada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del comité de expertos, Manuel Lagares, ha aprovechado para recordar que su tarea es sólo la de aconsejar. Pero hay otra recomendación: la de eliminar, en un plazo de entre 5 y 10 años, las deducciones por la compra de vivienda habitual con carácter retroactivo, para quienes la compraron antes de que se suprimiera la deducción en 2013. Esto, sugiere Lagares, hasta que se reforme en profundidad el impuesto sobre bienes inmuebles que quedaría en el futuro como único impuesto.
> Indemnizaciones por despido. Los expertos se muestran favorables a eliminar la exención de tributar en el IRPF por las indemnizaciones por despido. Según el informe, esta exención alienta el fraude, porque -aseguran- empresarios y trabajadores a menudo pactan los despidos: "la experiencia más frecuente demuestra que, mediante la colusión entre empresario y trabajador, se judicializan buena parte de esos casos de despido para que muchos despidos derivados de otras causas, [...] incluso de acuerdos voluntarios, consigan la calificación de improcedentes, gozándose así, a costa de la Hacienda Pública, de la correspondiente exención". Y sentencian que los trabajadores despedidos tienen bastante con la indemnización: "la especial compensación a los despidos improcedentes se encuentra [...] en la indemnización más elevada que reciben".
> Cotizaciones sociales. Los expertos proponen reorganizar las cotizaciones sociales porque consideran que son un impuesto sobre el trabajo. Plantean hacer recaer más el peso de esos pagos sobre los trabajadores y menos sobre las empresas; y luego, bajar fuertemente estas cotizaciones, algo que -según dicen, propiciaría la contratación. Esa pérdida de ingresos para la seguridad social se vería compensada por la mayor recaudación del IVA, que esperan conseguir con sus propuestas.
> Ayudas a los afectados por VIH. Los expertos también proponen eliminar la exención que tienen las ayudas a los afectados por VIH, porque -para ellos- "esas enfermedades se han convertido en crónicas y no tienen ya, como tenían hace años, riesgo de muerte inmediata". Creen que mantener la exención podría "conducir a la exigencia de ayudas exentas para otras muchas enfermedades crónicas que arrastran también riesgo de muerte no inmediata".
> Especiales. De los impuestos especiales, entre otras ideas, los expertos piensan que se puede igualar la imposición de todas las labores para evitar trasvases en el consumo. Y sobre el alcohol: incrementar progresivamente su imposición para igualarla a la media europea.
Se sugiere además, entre la larga batería de medidas, la supresión del sistema de módulos por considerarlo origen de importantes bolsas de fraude.
Se va a pagar lo mismo, y lo van a pagar los mismos
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