Veinte años de cárcel para el arquitecto financiero de la trama Gürtel
El abogado Luis de Miguel Pérez ha sido condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal Supremo por diseñar la estructura societaria de un empresario que defraudó más de 25 millones de euros entre 1999 y 2006
Madrid
El Tribunal Supremo ha condenado a 20 años de cárcel al abogado Luis de Miguel Pérez, considerado el arquitecto financiero de la trama Gürtel, por haber participado en un fraude millonario entre los años 1999 y 2006. El Supremo entiende que estuvo diseñando un entramado societario defraudatorio para el empresario Juan Ramón Reparaz, a quien se condena a 36 años de prisión, y también les obliga a pagar más de 60 millones de euros entre multas y devoluciones a la Hacienda de Gipuzkoa.
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El considerado como arquitecto financiero de la Gürtel no tenía un contrato exclusivo con esta trama. El Tribunal Supremo ha condenado a 20 años de cárcel y multa de 16,6 millones de euros al abogado Luis de Miguel por llevar a cabo la misma actividad delictiva que se le imputa en el caso Gürtel: participar en un fraude fiscal masivo, diseñando entramados societarios fuera y dentro de nuestro país para ocultar millones de euros a la Hacienda española. En esta causa, en la que dibujó una tela de araña que llevaba millones de euros por destinos fiscales ocultos a los ojos del fisco, el Tribunal Supremo también ha condenado a 36 años de cárcel, multa de 25,4 millones y a devolver otros 25,4 millones a la Hacienda guipuzcoana al empresario Juan Ramón Reparaz, dueño de las empresas y del dinero defraudado, confirmando así prácticamente en su totalidad el alto tribunal la sentencia original de la Audiencia Nacional.
Una investigación que se llevó a cabo en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional donde Luis de Miguel actualmente permanece imputado por su participación en el caso Gürtel. Según la justicia, el abogado asesoró al empresario Reparaz para poder sacar su dinero de España hacia países como Panamá, Belice, Irlanda o Portugal entre 1999 y 2006, años en los que presuntamente realizaba la misma gestión para la trama supuestamente liderada por Francisco Correa. En este caso zanjado ahora por el Supremo la afectada fue la Hacienda de Gipuzkoa, de donde era el empresario, organismo al que tendrá que devolver los 25.428.126,21 euros que defraudó, además de pagar una multa por una cantidad similar.
Empresas de atún y tela de araña societaria
La justicia y los investigadores de la Agencia Tributaria describen con detalle una máquina bicéfala del fraude ideada por Luis de Miguel Pérez y aprovechada por Juan Ramón Reparaz: sociedades en España que recogían beneficios de negocios de, entre otros orígenes, la comercialización de atún, y que los llevaban a una segunda estructura societaria fuera de nuestras fronteras "permitiendo su opacidad y canalización de las cuotas no satisfechas hacia activos financieros en el extranjero", donde se generaban más beneficios. Parte de este dinero volvía a España para realizar inversiones en el sector inmobiliario.
A lo largo de los años, y siempre bajo el asesoramiento directo de Luis de Miguel, la estrategia fue cambiando a medida que las leyes se endurecían y tenían más posibilidades de ser descubiertos: de varias empresas en Panamá a otras en Portugal, Irlanda, Reino Unido y Belice, además de la estructura española del entramado.
Delatado por un pacto de silencio
Un demoledor informe de la Agencia Tributaria pone negro sobre blanco la estrategia de los dos condenados, al mismo tiempo que señala directamente a Luis de Miguel, al igual que hace en la actualidad el instructor del caso Gürtel, como arquitecto de la maquinaria defraudatoria: "Es quien les diseña o les indica en cada momento que es lo que más adecuado para conseguir una menor tributación y conseguir esta opacidad". Las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional también reflejan que el empresario Reparaz intentó comprar el silencio de uno de sus socios, que estaba al tanto de los delitos que se estaban cometiendo, pactando un pago de más de 600.000 euros que según la Agencia Tributaria no hace sino probar la irregularidad de un proceder que intentaba ocultar a los ojos de la justicia.
No hay pruebas que demuestren el blanqueo de capitales
Las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a Reparaz y De Miguel son ligeramente más bajas que las que les impuso inicialmente la Audiencia en su sentencia del mes de abril de 2013. El Supremo no encuentra datos suficientes para considerar probado que además de defraudar millones de euros a la Hacienda de Gipuzkoa también cometieran un delito de blanqueo de capitales: "No se precisa la cuota tributaria objeto de blanqueo ni de qué modo. No existe concreción factual alguna referida a qué se hizo con las cuotas defraudadas, y si se habla genéricamente de una reinversión en bienes inmuebles, no hay una sola referencia a los concretos inmuebles que fueran adquiridos con tales cuotas, ni en qué cuentas o fondos estaba depositado el dinero que se dice reinvertido".
De esta manera, la condena de Juan Ramón Reparaz se ve reducida en dos años, y la de Luis de Miguel en uno, además de una rebaja de dos millones de euros en las multas impuestas a cada uno originalmente por la Audiencia Nacional.
