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El 'caso Couso', en la cuerda floja de la justicia universal

El juez Santiago Pedraz se resiste a cerrar la investigación de la muerte del cámara de televisión español mientras la Fiscalía y el Gobierno le instan a darle carpetazo cuanto antes

El juez Pedraz llega a Irak para investigar la muerte de Couso(CADENA SER)

El juez Pedraz llega a Irak para investigar la muerte de Couso

Once años después de la muerte de José Couso en Bagdag, la investigación judicial baila al borde del abismo abierto por la nueva ley de justicia universal impulsada por el Partido Popular: en las próximas semanas el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidirá sobre el recurso de queja que ha elevado la Fiscalía contra la decisión del juez Pedraz de seguir adelante con el caso.

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Once años después de la muerte de José Couso, la investigación judicial del caso encara una fase decisiva. Los 18 jueces del pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional serán los que estudien el recurso de queja que la Fiscalía ha interpuesto contra la decisión del juez Santiago Pedraz de seguir adelante con el caso, a pesar del archivo inmediato que ordena la nueva ley de justicia universal. Los magistrados pueden dar la razón al Ministerio Público y mostrar el camino del archivo al 'caso Couso' o avalar al juez Pedraz en su huida hacia adelante.

Un duro recurso de queja interpuesto por la Fiscalía que refleja el tira y afloja en el que se ha convertido el 'caso Couso' en las últimas semanas: Pedraz se resiste a dejar la investigación, mientras la nueva ley de justicia universal le pide que lo guarde en el cajón y la Fiscalía de la Audiencia Nacional le exige por activa y por pasiva que cierre el sumario y lo envíe a instancias superiores para una decisión definitiva.

El 'caso Couso' cuenta con una peculiaridad que, según el juez Pedraz, lo diferencia de la mayoría de casos de justicia universal que se investigan en la Audiencia Nacional: el magistrado considera que por encima de la nueva ley impulsada por el Partido Popular hay un IV Convenio de Ginebra ratificado por España en 1952 que obliga a los jueces a investigar "sin limitación alguna" estos delitos contra las personas en caso de conflicto armado. El juez también ha expresado en sus autos de las últimas semanas que la nueva ley tiene "lagunas legales" así como critica que le obligue a cerrar una investigación "sin haber llevado a cabo todas las diligencias".

A lo largo de la investigación, que empezó en 2005, el juez Pedraz se ha trasladado Bagdag para analizar personalmente el lugar de los hechos, así como se ha quejado expresamente por la falta de colaboración de las autoridades de Estados Unidos con la causa: todavía no ha podido interrogar a los militares a los que responsabiliza indiciariamente de la muerte de Couso, así como no ha recibido respuesta a varias comisiones rogatorias enviadas a este país. En las últimas semanas, el juez ha concentrado sus esfuerzos en combatir el efecto de espantada que ha tenido la entrada en vigor de la nueva ley de justicia universal, defendiendo que la investigación no puede cerrarse en falso.

Ahora, cuando se cumple el undécimo aniversario de la muerte del cámara José Couso, según el juez en circunstancias no esclarecidas, y casi una década después de la apertura de la investigación judicial en el juzgado de Pedraz, el caso encara unas semanas decisivas a la espera de un dictamen de los 18 jueces de la Sala de lo Penal.

 
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