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La Fiscalía se opone a apartar a la jueza Tardón, exconsejera de Caja Madrid

El ministerio público tacha de "fraude de ley" la recusación, "absolutamente infundada", con el único objetivo de retrasar el proceso

Según la Fiscalía la recusación a María Tardón no está justificada ni hay datos objetivos para afirmar su interés en la causa. La magistrada, miembro del Tribunal que juzga a Silva, fue consejera de la asamblea de Caja Madrid por el PP hasta 2005, fecha anterior a los hechos investigados por Silva, recoge el escrito.

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El ministerio público es tajante contra la recusación de Silva a una de las juezas del tribunal, María Tardón, por integrar en calidad de consejera la asamblea de Caja Madrid en representación del PP. Según el escrito ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Fiscalía de Madrid tacha de "recusación ilusoria", con el fin de "dilatar y entorpecer" la marcha del proceso, "desprovista de fundamento alguno". Y sigue. "El momento procesal elegido, al inicio de la cuarta sesión del juicio oral, las reiteradas iniciativas del acusado por suspender el acto del juicio, evidencia más una artimaña" sin ninguna "mínima apariencia de rigor jurídico". Para que María Tardón tuviera que abstenerse de juzgar al juez Elpidio Silva, tendría que "tener interés directo o indirecto en el pleito" y Silva, dice el fiscal, no explica cuál sería el interés de Tardón por favorecer a Blesa.

Silva recusó a Tardón por haber formado parte de la estructura de Caja Madrid "que le pagó dietas, resultando en sentido lato que Miguel Blesa ha sido su jefe" según su escrito de recusación. El hecho de haber participado en esa estructura, continúa, "presupone una intervención, al menos indirecta en las situaciones que han generado los acontecimientos relacionados con el asunto enjuiciado a Blesa. Y añade "Como miembro de la Asamblea de Caja Madrid controlaba la gestión bancaria de Blesa y todo su Consejo de Administración".

El fiscal jefe, Manuel Moix, acusa a Silva de no concretar en qué participó Tardón. Y no lo hace, dice, "porque no existió dicha participación". Tardón permaneció en la entidad hasta abril de 2005, "fecha muy anterior al crédito concedido por caja Madrid a Díaz Ferrán, finales del 2008" y anterior también a la venta del banco de Florida, en 2009.

En su escrito a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, once páginas donde detalla la jurisprudencia relativa a las recusaciones, el ministerio público recuerda que suponen un instrumento para preservar al "juez imparcial" y garantizar que no ha "mantenido relaciones indebidas con las partes" con el fin añadido de "preservar la imagen de la justicia a partir de hechos objetivos que puedan dar lugar a sospechas de imparcialidad".

Como dictaminó el Constitucional, recuerda el fiscal, "está en juego la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática, que sólo se consigue eliminando cualquier sospecha objetiva de imparcialidad". Y cita la sentencia de Cubber, aquella que hiciera suyo un adagio inglés según el cual "justice must not only be done; it must also be seen to be done". Bajo este paragüas de argumentos, no entraría el hecho de que Tardón se sentara en los órganos de la entidad.

El fiscal tumba los otros dos motivos de la recusación. El que Tardón y Arturo Beltrán, presidente del Tribunal, hayan participado en la instrucción de la causa penal. Según el fiscal, "el recusante no aporta ninguna resolución" durante la instrucción que le llevó al banquillo "simplemente, porque no existe". El tercer motivo, "tener pleito pendiente con alguna de las partes", en referencia a una demanda civil interpuesta por Silva en los juzgados de Madrid contra ambos jueces por vulneración de derechos, Moix responde. "Es una burda estratagema para intentar revestir de cierto aire jurídico un escrito de recusación absolutamente huérfano de sustento legal".

La defensa de Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, en sus escritos al juez instructor de la Sala encargada de tramitar el incidente de recusación, también se oponen. Tachan la recusación de "nuevo fraude de ley" y piden multar al juez Silva -en el caso de Díaz Ferrán incluso con el pago de las costas- por haberla presentado.

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