Díaz Ferrán y sus socios, al banquillo con fianzas de casi 1.200 millones
El fiscal pide 15 años de cárcel al expresidente de la CEOE por liderar una "organización criminal" para vaciar de patrimonio a sus empresas con el objetivo de evitar el pago a los acreedores. Las 13 acusaciones particulares elevan su petición de condena hasta los 31 años
El empresario Gerardo Díaz Ferrán(EFE/Kiko Huesca)
Díaz-Ferrán junto a los otros diez acusados tendrán que pagar "en el plazo de un día" una fianza de responsabilidad civil de 1.167.300.000 euros por el perjuicio ocasionado a los demandantes.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha acordado la apertura de juicio oral contra Gerardo Díaz Ferrán, su socio Ángel de Cabo y los otros nueve acusados por ocultar el patrimonio del expresidente de los empresarios españoles para no pagar a los acreedores.
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El magistrado impone a todos el pago de una fianza solidaria de responsabilidad civil de 1.167.300.000 euros que deberán satisfacer en un día, por el perjuicio ocasionado a los demandantes y les acusa de integrar una organización criminal liderada por el propio Díaz Ferrán, de blanqueo de capitales, y de alzamiento de bienes y concurso fraudulento, ambos en su variedad de delitos continuados, lo que supone una pena mayor.
El fiscal Daniel Campos pide 15 años de cárcel para el expresidente de la CEOE, ocho para el liquidador Ángel de Cabo que diseñó la estructura empresarial para el fraude, y ocho años de prisión para el hijo del expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Santamaría, al que otorga un papel relevante en la organización. Las 13 acusaciones particulares reclaman entre 3 y 31,3 años de cárcel para los procesados. La pena mayor también la reclaman al antiguo líder de la patronal.
Los hechos
El Ministerio Público afirma en su escrito de acusación que el expresidente de la CEOE, junto a su socio ya fallecido, Gonzalo Pascual, entraron en los primeros años de la crisis en una "lamentable situación patrimonial" que afectaba tanto a sus empresas como a su patrimonio personal, amenazando el "altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban". Para evitar que les quitaran su patrimonio debido a las deudas con los acreedores, contactaron con Ángel de Cabo en 2010 y decidieron esconder sus propiedades y vaciar de contenido a las empresas.
De esta forma, acordaron que Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual transmitirían a Ángel de Cabo la "totalidad de su patrimonio empresarial y personal" sin que el liquidador "abonara cantidad alguna".
El pacto suponía que "una vez consumada la ocultación patrimonial", Ángel de Cabo "abonaría 8.000.000 de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales, con lo que tanto Gerardo Díaz Ferrán como Gonzalo Pascual, podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia, a pesar de su formal insolvencia".
Díaz Ferrán tenía 88 millones cuando se declaró insolvente
Solo en patrimonio personal, Díaz Ferrán disponía en 2010 de 88 millones de euros que intentó ocultar a los acreedores. Para ello, cambió a nombre de sociedades interpuestas, casi siempre con contratos predatados para eludir el proceso concursal, la mayor parte de sus fincas. También vendió otras a empresas de De Cabo por un precio simbólico o decidió la venta directa, como en el caso de sus apartamentos de Nueva York. También colocó diverso patrimonio a nombre de sus hijos.
