Jueves, 20 de Enero de 2022

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El PSOE recurre la ley de Justicia Universal porque es "una involución de derechos"

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso para que la ley de justicia Universal aprobada por el Congreso con el voto mayoritario del Partido Popular, sea declarada inconstitucional y anulada

Los parlamentarios socialistas califican la ley como "chapucera y confusa" y aseguran que su aplicación, representa una " involución de tal magnitud que supone una verdadera ruptura del "principio de progresividad" en la aplicación y protección de los derechos humanos. Con esta ley se dificulta, hasta su práctica inviabilidad, la competencia de la jurisdicción española, dejando sin tutela a españoles víctimas de graves violaciones de sus derechos, de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes en caso de conflicto armado".

Esta reforma ha supuesto además, dice el recurso, un formidable salto atrás respecto de las sucesivas leyes que en España han ido configurando la aplicación del principio de jurisdicción universal.

Los socialistas consideran que la reforma del PP atenta contra seis artículos de la Constitución: El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (24), la seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (125), el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (117), el principio de igualdad (14), derecho internacional (102), y convenios internacionales pretendiendo inaplicar su utilización en los procedimientos previstos en la Constitución (96).

Efectos devastadores

Los socialistas presagian devastadores efectos porque la ley "deja sin tutela a españoles víctimas de graves violaciones de sus derechos, genocidio, lesa humanidad y contra las personas en caso de conflicto armado".

Se trata de una reforma "inconstitucional e injusta porque deja a muchas víctimas de graves delitos, investigados por la Audiencia Nacional, en el más absoluto desamparo judicial".

En su recurso, los socialistas consideran que la justicia universal es la "conquista irrenunciable de toda sociedad democrática que representa un gran avance en la defensa de los Derechos Humanos, contribuyendo a la consolidación de un mundo más civilizado y regido por el derecho".

El ejemplo de España

España ha sido -hasta la fecha- uno de los países pioneros en la persecución de estas graves infracciones penales, posibilitando la apertura de procedimientos penales por estos crímenes y evitando también la posibilidad de que sus autores pudieran desplazarse impunemente por el mundo o incluso que se refugiaran en España.

Pero según los socialistas, la ley establece limitaciones desorbitadas, negando la tutela a las víctimas, incluso de nacionalidad española, en supuestos en que han sido gravemente vulnerados sus derechos humanos, dándoles un trato de peor condición que a cualquier otro español víctima de otros delitos igualmente graves pero de menor entidad, por la exigencia del requisito de que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.

Mensaje de impunidad

La ley conlleva una renuncia a la persecución de gravísimos delitos lo que manda un mensaje de impunidad a los responsables de los mismos, a la vez que abona la convicción de otros potenciales autores de que estas conductas es muy probable que queden sin castigo.

"Es una ley inconstitucional, pero sobre todo es una ley injusta", describe el recurso, y sostiene que esta "chapucera" reforma, tiene todas las características para provocar una confusión normativa de tal grado que solo puede ser calificada como absolutamente contraria a cualquier exigencia de razonabilidad, claridad o certeza.

Incertidumbre

"La ley es generadora de incertidumbres insuperables sobre la previsibilidad de sus efectos, especialmente para las víctimas como principales destinatarios de la ley, que quizás sólo pueden vislumbrar la certidumbre de que su aplicación efectiva les generaría una inevitable indefensión".

Tumba la acción popular

Al eliminar de la participación en el proceso a la acción popular, la ley, hace imposible que quienes no quieran o puedan ejercer la acusación particular queden desamparados y sin posibilidad de acceder al proceso penal, sin posibilidad de defender sus propios intereses cuando el Ministerio fiscal no los incluye como parte del "interés general" que defiende.

Suplantar al juez

La ley impugnada pretende suplantar al juez, porque al disponer el sobreseimiento de todas las causas vulnera el principio constitucional que atribuye a los juzgados y tribunales el ejercicio Exclusivo de decidir si los casos deben ser archivados.

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