Una retornada paga más de 10.000 euros a Hacienda por no reconocerle la incapacidad

Amelia es una mujer gallega a la que, al igual que a otros 800.000 emigrantes retornados, la Agencia Tributaria le reclama el dinero no declarado por la pensión que recibe del extranjero por no haberlo tributado en su momento, por falta de información del fisco. El caso de esta pensionista retornada es diferente al del resto de sus compañeros emigrantes. Tiene una incapacidad de un 80% reconocida por Suiza, lo que en España podría suponer que su pensión no contase en el IRPF. Sin embargo, la Seguridad Social española todavía no le ha comunicado qué tipo de incapacidad tendría reconocida en nuestro país, lo que le ha obligado a pagar más de 10.000 euros además de multas e intereses.

El caso de Amelia es casi igual que el de todos los pensionistas retornados: la Agencia Tributaria le envía una carta en la que se le informa que no ha declarado la pensión que recibe del extranjero y que debe hacerlo ahora, con sanciones e intereses de demora. Los colectivos de emigrantes retornados llevan más de un año denunciando que esta situación se ha producido como consecuencia de la mala o nula información de Hacienda, que según los afectados, hasta relativamente poco informaba de que las rentas del extranjero no tenían que declararse en nuestro país.

Las cartas de fisco llegaron el año pasado. Fueron cuatro, correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011. En total, sumando la cantidad que no declaró, las multas (que oscilan entre el 25% de esa cantidad y el 50%, dependiendo de cuando se haga frente al pago) y el 5% de intereses de demora por cada año que ha dejado de pagar, oscila ente los 9.000 y los 12.000 euros. Amelia asegura, en declaraciones a la SER, sentirse "defraudada y robada" por el estado.

Sin embargo, el caso de esta mujer no es igual que el del resto de sus compañeros retornados. Tiene reconocida por Suiza una discapacidad del 80% y recibe por ello una pensión hasta que llegue la edad de jubilación. Este tipo de pensiones en España están exentas, según el artículo 7, f) de la Ley 35/2006 del IRPF si son como consecuencia de una incapacidad absoluta o de una gran invalidezy si el organismo que la abona es equiparable a la Seguridad Social. En el caso de Amelia, el grado de discapacidad reconocido por Suiza (80%) podría equivaler a una incapacidad absoluta, y con ello no tendría que pagar nada a Hacienda. Sin embargo, la Seguridad Social española todavía no le ha notificado a Amelia que tipo de incapacidad tendría reconocida por España.

Expertos consultados por la Cadena SER explican que los reconocimientos de incapacidad tienen que ser solicitados por los propios pensionistas extranjeros, y será la Seguridad Social quien determine el grado de discapacidad. Asimismo, aseguran que se trata de un procedimiento arduo y largo. Amelia afirma que lleva más de un año esperando este reconocimiento. En el caso de que se le reconociese la incapacidad absoluta en España estaría exenta de pagar el IRPF a partir de ese momento.Para recuperar el dinero que ya ha pagado, tendría que recurrir alrecurso extraordinario de revisión, una figura muy poco frecuente que se usa para aquellas resoluciones firmes.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

El Gobierno anuncia medidas

Justo la semana pasada, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguraba en la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Senado, que la Agencia Tributaria y su departamento están trabajando en un procedimiento para quelos residentes en España que reciban pensiones de invalidez del extranjero puedan quedar exentosde pagar el IRPF si en España estas pensiones equivalen a una incapacidad absoluta o gran invalidez. Tomás Burgos asegura que estos casos son "miles" en toda España.

Los colectivosde emigrantes retornados afirman que son varios los casos depersonas que reciben pensiones de incapacidad del extranjero que se ven obligados a pagar cuando la cantidad que reciben podría estar exenta. Añaden que es una injusticia más que afecta a un colectivo de personas, en su mayoría de avanzada edad, sin conocimientos fiscales, que se ven obligados a acudir a terceros para poder arreglar su situación.