Google estudia el borrado de más de 250.000 entradas

En sólo un mes, la ventanilla digital que el buscador abrió para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo ha acumulado trabajo y los expedientes siguen creciendo a razón de mil por día. Google recuerda que el proceso de revisión es complejo y requiere tiempo pero enfatiza en su compromiso con el cumplimiento de las leyes europeas sobre privacidad y su equilibrio con el resto de derechos fundamentales.

La compañía ha comenzado a cumplir el fallo de los jueces que le recordaba su obligación de atender las peticiones de los usuarios en el ejercicio del derecho al olvido reconocido en Europa y recogido en las legislaciones de sus estados miembros. A cierre de 30 de junio, el buscador había superado las 70.000 solicitudes. España figura entre los países con mayor número de peticiones que encabeza Francia.

Cada solicitud contiene la petición de eliminar de media 3,8 URL, esos largos links que nos aparecen en la barra de direcciones cuando navegamos por Internet, así que la suma alcanza las 267.500 referencias digitales. Un mes después de la sentencia, la empresa afirma que el número de peticiones se ha estabilizado en aproximadamente mil al día pero destacan que han llegado a recibir 12.000 solicitudes en una sola jornada.

"Comenzamos a retirar enlaces la semana pasada, y estamos trabajando lo más ágilmente posible para atender todas las peticiones", afirman fuentes oficiales de la compañía que recuerdan que el proceso de evaluación es complejo y que hay que revisar con detalle cada caso individualmente.

Google está procesando las peticiones en el orden en el que han sido recibidas y afirma que es demasiado pronto para conocer las estadísticas de solicitudes aceptadas y las que no. No obstante, recuerda que la ejecución de la sentencia también afecta a sus socios europeos en el sector. Son compañías de menor tamaño, incluídas start-ups, que tienen una gran carga extra desde el fallo del Tribunal, según el buscador.

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La tecnológica enfatiza en su compromiso con el cumplimiento de la sentencia "de la manera más considerada y responsable posible" por las múltiples variables que intervienen y el equilibrio de los derechos fundamentales que hay que tener en cuenta. En cualquier caso, reitera su compromiso en trabajar con las agencias de protección de datos europeas.