Los autónomos piden a Montoro una rebaja adicional en las retenciones

Los responsables de las principales organizaciones de autónomos han reclamado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, una rebaja adicional de un punto en la reducción prevista de las retenciones para este colectivo.

El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha explicado en rueda de prensa su solicitud al ministro acerca de que las retenciones a los autónomos se sitúen con carácter general en el 19% el próximo año, frente al 21% actual, y que en 2016 bajen otro punto, hasta el 18%.

De esta forma, los representantes de autónomos abogan por incrementar en un punto la rebaja ya prevista en la reforma elaborada por el Ejecutivo, que plantea situar esta retención en el 20% en 2015 y el 19% en 2016.

No obstante, han señalado que se mantendrían fuera de este nivel general de retención aquellos que facturan menos de 15.000 euros, a los que, se les aplicará un tipo del 15%, según recoge la reforma del Ejecutivo.

Por su parte, sobre los límites de acceso a la tributación por módulos, que el Gobierno fija en 150.000 euros de facturación o 75.000 euros en facturas emitidas a empresas, UPTA y ATA pidieron a Montoro establecer ciertas excepciones en sectores como el del transporte.

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En este sentido, solicitaron al ministro que en las actividades de transporte pesado y en algunos casos de transporte ligero, estos límites pasen a ser de 200.000 euros en facturación o 100.000 en facturas a empresas.

Según explicaron los responsables de estas organizaciones, en estos casos los autónomos deben facturar grandes cantidades para poder obtener beneficios, ya que los gastos también son muy elevados. Por otro lado, advirtieron sobre la disposición final del anteproyecto de la reforma que establece que la orden ministerial que regulará el sistema de módulos en el año 2016 dejará fuera "inevitablemente" de este tipo de tributación a los sectores de la industria y la construcción.

Sobre este asunto, subrayaron que dentro de estos sectores existen realidades muy distintas, por lo que instaron al ministro a no cerrar esta puerta y permitir que haya "posibilidades de negociación en el futuro".

Acerca de esto, Reyna afirmó que las organizaciones de autónomos tienen "perspectivas de que algún aspecto planteado al ministro pueda entrar" en el anteproyecto de la reforma, que será aprobado previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo 25 de julio.

No obstante, agregó que también utilizarán el periodo de trámite parlamentario que comenzará a finales de este mes para incorporar otros aspectos mediante enmiendas. "Confiamos en que el ministro tenga la suficiente sensibilidad para que otros aspectos se incorporen en el trámite parlamentario", dijo el secretario general de UPTA.

Por su parte, Amor se mostró esperanzado en que estas propuestas "se incorporen al proyecto de ley sin tener que ir a las enmiendas", aunque insistió en que el trámite parlamentario se podrá utilizar para "limar algunos aspectos" de la reforma.

También quiso destacar que el ministro "se ha comprometido a estudiar ambas propuestas" y agregó que "nos ha dicho que las ve coherentes". "Lo importante es no haber recibido un no tajante", sostuvo.

Por último, explicaron que han trasladado a Montoro su "preocupación" por el acceso a la financiación de los autónomos y apuntaron que el desapalancamiento de las empresas les está perjudicando.

Asimismo, Amor se refirió a la situación de la morosidad y denunció que, aunque ya no es un problema generalizado, sigue habiendo administraciones públicas muy concretas en las que los impagos y los retrasos siguen siendo insoportables para los autónomos.

En torno a esto, explicó que el plazo medio de pago para el conjunto de las administraciones públicas se sitúa en los 139 días, aunque por ejemplo en la Central ya está en 27 días. También destacó que los ayuntamientos han hecho un esfuerzo "ímprobo" que ha permitido que la inmensa mayoría se sitúen "por debajo de la media".

Sin embargo, los mayores problemas se mantienen en las comunidades autónomas que el año pasado estuvieron fuera del objetivo de déficit y que son las que "han tenido más dificultades para financiarse", tal y como adviertieron.