Miércoles, 07 de Diciembre de 2022

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El Gobierno se compromete a ampliar la protección de parados de larga duración

La reunión que ha mantenido Rajoy con los agentes sociales la Moncloa se ha saldado con un documento de propuestas para mejor la protección social

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (c,fondo), acompañado de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se se ha reunido hoy en Moncloa con los máximos responsables de UGT, Cándido Méndez (3-d); CC.OO, Ignacio Fernández Toxo (2-i); CEOE, Juan Rosell (i), y Cepyme, Jesús Terciado (2-d),

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (c,fondo), acompañado de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se se ha reunido hoy en Moncloa con los máximos responsables de UGT, Cándido Méndez (3-d); CC.OO, Ignacio Fernández Toxo (2-i); CEOE, Juan Rosell (i), y Cepyme, Jesús Terciado (2-d), / EFE/Paco Campos

El Gobierno se ha comprometido a poner en marcha en octubre un plan de recuperación del empleo y ampliar la protección social a parados de larga duración, con cargas familiares, que vivan en hogares sin ingresos laborales y con baja formación, especialmente, mayores de 45 años.

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La reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa, se ha saldado con un documento de acuerdos, entre los que destaca la ampliación de los mecanismos de protección social ligados a políticas de empleo para quienes lleven más de un año en paro. Además, se elaborará un mapa completo de prestaciones sociales y subsidios por desempleo en todo el territorio nacional (Gobierno central y autonómico), para mejorar la coordinación y hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos.

En cuanto al plan de empleo, el documento contiene medidas de orientación, formación, recualificación y reconocimiento de la experiencia laboral. Con este programa, los parados conseguirán formación para obtener un certificado de profesionalidad que incluya compromisos a la contratación, mediante la identificación de las cualificaciones más demandadas, como los servicios medioambientales, los de atención a la persona y las tecnologías de la información y comunicación. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, que también ha asistido a la reunión, ha asegurado que el objetivo es "acortar el tiempo de inserción" de los desempleados en mercado laboral, así como "acompañar" a las familias con todos sus miembros en paro hasta que vuelvan a trabajar".

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han afirmado que el Gobierno se ha comprometido a dotar estos planes de un presupuesto, algo para lo que le han sugerido que implemente sus propuestas en la próxima Reforma Fiscal. Los sindicatos han pedido al Gobierno ayudas para los cabezas de familias que tengan a todos sus miembros en paro y no reciban ingresos laborales (unas 500.000 personas), un colectivo sobre el que todos han coincidido en reforzar su protección para evitar el riesgo de exclusión social.

Han considerado necesario que se tomen estas medidas para acabar con los elevados niveles de desempleo en determinados colectivos y con el riesgo de exclusión social de las familias en paro y sin prestaciones por desempleo y han pedido al Gobierno que dote la red de desempleo con 2.500 millones de euros. Báñez no ha querido cuantificar la financiación que podrían tener esta medida y ha añadido que el Gobierno siempre ha trabajado para que ninguna persona se quede desprotegida. "Un país moderno no puede dejar en la estacada" a estos colectivos, han añadido los líderes sindicales, para quienes con esta medida urgente que se pondría en marcha mientras se estudia el establecimiento de una renta básica garantizada para situaciones de exclusión social.

Sobre la mesa en la reunión se encontraba el próximo acuerdo nacional para la negociación colectiva, que patronal y sindicatos se han comprometido a aprobar antes de que acabe el año, y que se ha saldado con un pacto en torno a la lucha contra la dualidad en la contratación laboral. Según el documento, Gobierno y agentes sociales analizarán los mecanismos más adecuados para reforzar la causalidad en la contratación, el uso inadecuado y fraudulento de los contratos temporales, la rotación y encadenamiento de este tipo de contratos y las consecuencias que tienen en la seguridad del trabajo y la formación.

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