Sábado, 17 de Abril de 2021

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El Gobierno espera que el 'no' a la ley de consultas ponga fin al debate soberanista

Varios dirigentes del PP, consultados por la Cadena SER, piensan que todo sigue igual, que no se puede hablar de diálogo cuando el tema del referéndum independentista sigue encallado

Mariano Rajoy y Artur Mas, a la llegada del presidente de la Generalitat a Moncloa.

Mariano Rajoy y Artur Mas, a la llegada del presidente de la Generalitat a Moncloa. / REUTERS

En el Ejecutivo están preocupados y piensan que a la vuelta del verano la tensión política se va a disparar. Consideran que el punto de inflexión llegará a finales de septiembre, con la ley de consultas que se impugnará y el Constitucional suspenderá automáticamente. Creen que entonces Mas convocará elecciones plebiscitarias o formará gobierno de concentración. A los populares les ha sonado a amenaza escuchar al president de la Generalitat diciendo que si su plan no sale adelante, se abre "otra fase". Como último extremo, la respuesta será la suspensión de la autonomía o la inhabilitación de Mas.

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Por un lado Mariano Rajoy, a través de un comunicado: "La consulta no se puede ni se va a celebrar". Por otro, la comparecencia de Artur Mas ante los medios: "Sigue adelante y se va a convocar". Por mucho diálogo que exista, para varios dirigentes populares consultados por la Cadena SER "la situación no ha cambiado". "No hay nada nuevo bajo el sol", señala un diputado del PP. "Es raro que nos digan que se ha hablado de todo cuando no pueden hablar de lo principal", comenta otro de sus compañeros. Muchos dirigentes conservadores insisten en que no se ha resuelto ni se ha acabado nada. Solo ven que se ha rebajado el tono.

Enrocados, el choque de trenes se mantiene. Tras la reunión, el president de la Generalitat dijo que el Gobierno no le había propuesto ninguna alternativa para resolver la situación. Y es que en la Moncloa tampoco ven una solución para frenar las reivindicaciones independentistas. Y entre los que rodean a Rajoy, hay quien piensa que, con todo lo que está ocurriendo, en Cataluña, algunos han comenzado a perder su célebre "seny".

En el Ejecutivo están preocupados. Temen que a la vuelta del verano la tensión política se dispare. Nada más volver, el jefe del Ejecutivo viaja a Gales a la cumbre la OTAN, dondes se informará del referéndum escocés. Además, se celebra el día 11 de septiembre la Diada y para finales de ese mes se espera la ley de consultas, con la que Mas convocaría su consulta soberanista para el 9 de noviembre.

En la Moncloa esperan que con ella todo acabe. Para el Ejecutivo ese es el punto de inflexión. El plan previsto es impugnarla ante el Constitucional, que la suspendería automáticamente. Y como Mas ha dicho, en repetidas ocasiones, que él no va a hacer nada ilegal, esperan que toda esta historia acabe. Los colaboradores de Rajoy descartan una declaración unilateral de independencia.

Piensan que entonces tiene dos vías: o formar un gobierno de concentración o, con todas las fuerzas políticas que apoyan el derecho a decidir, anunciar elecciones plebiscitarias para 2016. Algo que también inquieta al Gobierno donde temen que CiU pierda su hegemonía y ERC se haga con el poder.

"Seguro que da marcha atrás", dice convencido un ministro. Pero el president catalán ha anunciado que entonces se entrará "en otra fase" y desde el Ejecutivo no saben a qué atenerse. A los populares les ha sonado a amenaza. Es un comentario que ha desconcertado en las filas populares, donde también se preguntan cuáles son las 23 propuestas. Quieren conocerlas al detalle para saber si son asumibles.

Dentro del PP creen que Rajoy debería ir pensando qué va a hacer tras las vacaciones. Dan por hecho que, en un momento dado, tendrá que tomar una decisión difícil para frenar la situación. "A ver qué protocolo pone en marcha el Gobierno", dicen desde el Grupo Popular.

¿Qué pasa si el Govern sigue adelante? Una de las opciones es hacer uso del artículo 155 de la Carta Magna que permite suspender la autonomía de una región en caso de que esté en peligro la unidad nacional. Pero el Gobierno también podría actuar contra Mas. La Fiscalía General del Estado podría ir contra el firmante del decreto de convocatoria por un presunto delito de prevaricación, por lo que el president quedaría inhabilitado para cargo público. En cualquier caso, desde el Ejecutivo dicen que no desean llegar a ese extremo.

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