Human Rights Watch exige a España que ponga fin a las expulsiones ilegales de inmigrantes en Melilla
La organización pide una investigación sobre las palizas a los africanos que saltan la valla de la ciudad autónoma
Madrid
En un comunicado, Human Rights Watch denuncia que España no respeta la Ley de Extranjería, la ley del derecho de asilo y tampoco la legislación europea, que obliga a seguir un proceso determinado para la deportación de los inmigrantes. La organización pide que se ponga fin a estas devoluciones en caliente y que se tomen acciones legales contra los agentes de la Guardia Civil que agredan a los inmigrantes como se puede ver en uno de los vídeos grabado el pasado 13 de agosto.
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El director del programa de refugiados de la organización, Bill Frelick, en declaraciones a la cadena SER, dice que "España tiene la potestad de controlar sus fronteras, pero no significa que pueda expulsar a los inmigrantes sin seguir el procedimiento que dicta la Unión Europea". Desde que son interceptados en la frontera, las autoridades españolas "deberían llevarles a comisaría para identificarles, detectar a los menores y escuchar sus peticiones, como podría ser el derecho de asilo, pero esto en muchas ocasiones, no lo hacen", explica Frelick.
La organización internacional dice que advirtió en febrero de este año de que se estaban produciendo este tipo de expulsiones ilegales, recogido en el documento: "Abusados y expulsados" en el que hacían un llamamiento al gobierno español para que paralizase estas prácticas "hasta que Marruecos cumpliera con el derecho internacional sobre el trato humanitario para inmigrantes y solicitantes de asilo".
Human Rights Watch ya actuó en contra de otro caso de expulsión ilegal por parte de las autoridades italianas. En 2012, la organización condenó la deportación de un grupo de inmigrantes procedentes de Libia que fueron interceptados en alta mar. Los agentes italianos tampoco cumplieron con sus obligaciones y no respetaron el procedimiento.
El subdirector de HRW, Benjamin Ward, exige en el comunicado que "las autoridades españolas deben llevar a cabo una investigación sobre estas acusaciones de un uso excesico de la fuerza por parte de los agentes de la Guardia Civil, y llevar a los responsables ante la justicia", sentenció Ward.
