Un juzgado de Madrid descartó investigar la falta de medios para luchar contra el ébola

El archivo de la denuncia, que canalizó la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), se produjo el pasado 23 de septiembre, solo dos días antes del fallecimiento del religioso Manuel García Viejo, que se convirtió en la segunda víctima mortal del ébola en España. Desde AME aseguran a la Cadena SER que no piensan tirar la toalla, de hecho este pasado lunes han celebrado una asamblea para estudiar cómo reactivar el frente judicial.

El pasado 11 de julio, varias semanas antes de la repatriación del religioso Miguel Pajares (que se convirtió en la primera víctima mortal del ébola en suelo europeo), se presentaron tres escritos, uno ante la Fiscalía de Madrid, otro ante el Juzgado de Guardia y el tercero ante la Inspección Laboral.

Le avalaba el escrito que firmaron más de 100 profesionales del hospital madrileño de La Paz, en concreto del personal de enfermería de los servicios de urgencias y de la unidad cuidados intensivos de este centro.

El escrito repasa el desatino de la administración pública tras la designación del Hospital de La Paz como centro de referencia para la detección, cribado y tratamiento de posibles caso de ébola. Por encima de todo, se denunció la falta de medios y de formación:

- El desmantelamiento de la Unidad de Enfermedades Emergentes y Pandemias de la Comunidad de Madrid.

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- En abril ya hubo dos casos sospechosos, "que pusieron de manifiesto la necesidad de una nueva designación para la atención de estos casos", según se denuncia en el escrito

- También se advirtió que los talleres impartidos por Salud Laboral en los últimos días de abril fueron "incapaces de resolver dudas sobre procedimientos habituales en cualquier enfermo con ébola ingresado en el hospital, cómo debía ser el traslado interno del mismo, qué pruebas diagnósticas debían realizarse o cómo desinfectar los chasis usados".

- El "incumplimiento fragrante de la normativa vigente inexistencia de protocolos adecuados y falta información y formación a los trabajadores". En concreto, vulnerando el Real Decreto sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos o Lay de prevención de Riesgos Laborales.

"La seguridad en peligro"

Ante esta "nefasta gestión", denunciaba el colectivo, "no nos sentimos capacitados para atender con garantías suficientes posibles casos de ébola por la falta de información y formación adecuada, por la carencia de recursos y desconocimiento de los protocolos que no solo ponen en peligro la seguridad y la salud de los profesionales sino que pueden ser un problema de salud pública".

Sin embargo, para uno de los Juzgados de Instrucción de Madrid, estos argumentos no tienen la entidad suficiente desde una perspectiva penal, según el juez, porque no revestían indicios de delito. En el auto al que ha tenido acceso la Cadena SER, se archivó provisionalmente la causa al entender que "no resulta debidamente justificada la perpetración de infracción penal alguna".