El PSOE denuncia la trama urbanística madrileña de la red Gürtel
Los socialistas piden al juez Pablo Ruz que investigue el papel de la empresa Narcisos 22 "como mecanismo utilizado para obtener beneficios económicos"
Madrid
El PSOE ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investigue la trama urbanística madrileña de la red Gürtel y el papel de la sociedad Narcisos 22 como empresa intermediaria en la compraventa de terrenos en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. El juez se apoya en un informe de la UDEF que apuntaba a que esta empresa era el instrumento utilizado para obtener millonarios beneficios que presuntamente se repartían los miembros de la trma ay cargos públicos del ayuntamiento.
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La red Gurtel continuó operando con activos inmobiliarios logrados por prácticas corruptas dos años después incluso de que su cabecilla ya estuviera en prisión preventiva. La policial judicial ha descubierto que una empresa Narcisos 22 realizo hasta seis operaciones de compraventa de terrenos en la localidad madrileña de Boadilla de Monte. Una de ellas con ganancias para la red de dos millones ochocientos mil euros se desarrolló en junio de 2010. Francisco Correa llevaba ya más de 20 meses en Soto del Real.
Narcisos 22 era una compañía creada específicamente para obtener terrenos de terceros que se encontraban en el plan urbanístico del municipio. Todos los propietarios tuvieron que entregar por las bravas el 2,5% de sus terrenos a esta empresa que nunca tuvo ni un solo trabajador. De ahí salieron las parcelas para hacer negocio.
La acción popular que ejerce el PSOE ha solicitado al juez Ruz que investigue esta nueva trama y apunta a una presunta "asociación ilícita" de los implicados. La denuncia subraya que esta sociedad era "el mecanismo utilizado presuntamente por la trama para obtener beneficios económicos millonarios derivados de la aprobación de instrumentos urbanísticos en aquél municipio y cuya aprobaciones (inicial y definitiva) eran realizadas por los cargos políticos vinculados a la organización". Por eso, insta al juez a que reclame documentación a la agencia tributaria, a la propia empresa y al ayuntamiento de Boadilla y que cite a declarar a testigos de estas operaciones inmobiliarias.
