Díaz-Ferrán pretende atenuar su condena
Presenta un escrito al juez instructor en el que reconoce el delito de alzamiento de bienes y el "grave error" de haber confiado en Ángel de Cabo
Fuentes jurídicas ven positiva la confesión pero subrayan que no servirá de nada si el expresidente de la CEOE no actúa para reparar el daño causado a los miles de perjudicados por el caso Marsans.
El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, intenta atenuar su posible condena. Ha presentado un escrito al juez Eloy Velasco en el que reconoce haber cometido un delito de alzamiento de bienes y el "grave error", dice, de confiar en Ángel de Cabo para reflotar Marsans.
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Fuentes de la investigación recuerdan que Díaz Ferrán no era una víctima de Ángel de Cabo, como pretende aparentar, sino el jefe del operativo. Consideran positivo el escrito de Díaz Ferrán porque si admite los delitos supondrá una sentencia rápida y que los afectados tendrán acceso antes a los bienes.
No obstante, las mismas fuentes advierten: No tolerarán maniobras de distracción o engaño. Recalcan que su nueva actitud no servirá de nada si no va acompañada de actuaciones tendentes a reparar el daño causado a los perjudicados.
Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Gerardo Díaz Ferrán formó una organización criminal para esconder su patrimonio y eludir el pago a los acreedores de su grupo empresarial. Por ello, el expresidente de la CEOE está acusado de este delito, además de blanqueo, alzamiento de bienes y concurso fraudulento, por lo que pide que sea condenado a 15 años de prisión. También reclama que pague una multa de 5.120.000 euros. Díaz Ferrán y su colaborador Ángel de Cabo están en la cárcel desde el 5 de diciembre de 2012.
El Ministerio Público afirmó en su escrito de acusación que el expresidente de la CEOE, junto a su socio ya fallecido, Gonzalo Pascual, entraron en los primeros años de la crisis en una "lamentable situación patrimonial" que afectaba tanto a sus empresas como a su patrimonio personal, amenazando el "altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban".
Para evitar que les quitaran su patrimonio debido a las deudas con los acreedores, contactaron con Ángel de Cabo en 2010 y decidieron esconder sus propiedades y vaciar de contenido a las empresas. De esta forma, acordaron que Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual transmitirían a Ángel de Cabo la "totalidad de su patrimonio empresarial y personal" sin que el liquidador "abonara cantidad alguna".
El pacto suponía que "una vez consumada la ocultación patrimonial", Ángel de Cabo "abonaría 8.000.000 de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales, con lo que tanto Gerardo Díaz Ferrán como Gonzalo Pascual, podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia, a pesar de su formal insolvencia".
Solo en patrimonio personal, Díaz Ferrán disponía en 2010 de 88 millones de euros que intentó ocultar a los acreedores. Para ello, cambió a nombre de sociedades interpuestas, casi siempre con contratos predatados para eludir el proceso concursal, la mayor parte de sus fincas. También vendió otras a empresas de De Cabo por un precio simbólico o decidió la venta directa, como en el caso de sus apartamentos de Nueva York. También colocó diverso patrimonio a nombre de sus hijos.
