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Jueves, 12 de Diciembre de 2019

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La justicia argentina ordena detener al exministro Rodolfo Martín Villa

La jueza ha ordenado la detención a efectos de extradición del que fuera ministro del Interior y de otras 19 personas en el marco de la investigación de los crímenes del franquismo

Rodolfo Martín Villa, en una fotografía de archivo.

La jueza argentina María Servini de Cubría que investiga los crímenes del franquismo desde un juzgado de Buenos Aires ha ordenado la detención y extradición de veinte personas que, según su investigación, estarían relacionadas con la represión franquista y también de los primeros años tras la muerte del dictador Francisco Franco. La sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos en 1970, los sucesos de Vitoria en marzo de 1976 y diversos episodios de supuestas torturas, asesinatos y represión.

Son veinte nombres entre los que destacan siete exministros del franquismo, antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, jueces e incluso un ginecólogo. A Rodolfo Martín Villa se le acusa de ser responsable de los hechos que tuvieron lugar en Vitoria el 3 de marzo de 1976, la denominada ‘matanza de Vitoria’, donde la policía armada desalojó a trabajadores reunidos en una iglesia para después abrir fuego y dejar cinco muertos y más de un centenar de heridos. Por estos mismos hechos la jueza imputa y manda detener a otros exministros como Alfonso Osorio, así como al que fuera capitán de esta policía armada, Jesús Quintana.

Varios exministros son requeridos por la sentencia que condenó en 1974 al anarquista a Salvador Puig Antich a la muerte: es el caso de los exministros Antonio Carro, Licino de la Fuente, y José Utrera Molina, suegro del exministro Alberto Ruiz-Gallardón. Antonio Troncoso es reclamado por el proceso de Burgos, así como José María Sánchez-Ventura y nuevamente Antonio Carro son requeridos por los últimos fusilamientos del franquismo en 1975, donde fueron ejecutados dos miembros de ETA y tres del FRAP.

El estamento judicial también está representado en Carlos Rey, uno de los magistrados que redactaron la sentencia que envió a la muerte a Salvador Puig Antich. El robo de niños también está presente en el auto de la jueza, y por tanto en su investigación: pide detener a un ginecólogo acusado de participar en este tipo de hechos.

Rodolfo Martín Villa, exministro de relaciones sindicales y de Interior, encabeza una lista de veinte nombres: Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo (ya fallecido), José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintaba Saracibar, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Jesús Cejas Mohedano, Atilano del Valle Oter y por último Abelardo García Balaguer.

“Lo que se investigan son hechos atroces de lesa humanidad”, asegura el auto. La magistrada María Servini concluye su extenso auto señalando que los delitos que atribuye a estas veinte personas “constituyen crímenes de lesa humanidad, y por tanto la acción y la pena son imprescriptibles”. Por esto, sigue la magistrada, “sus responsables están sujetos a persecución gracias a la jurisdicción universal”.

Proceso de extradición en España

Si todo sigue los cauces jurídicos habituales, los procesos de extradición contra estos 20 imputados caminarán un sendero que pasará por la Audiencia Nacional, y en el que la primera y la última palabra la tendrá el Gobierno español a través del Consejo de Ministros. Un proceso de extradición exactamente igual al que siguieron otros dos supuestos torturadores reclamados por la jueza Servini: ‘Billy el Niño’ y ‘capitán Muñecas’. La Audiencia Nacional consideró que, en estos dos casos, los delitos que se les imputaban habían prescrito, y no fueron entregados a la jueza. Los antecedentes, por tanto, no apuntan a una extradición de los acusados tal y como pide la jueza del juzgado criminal y correccional federal de Buenos Aires, de acuerdo con el criterio del fiscal argentino del caso.

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