Puig Antich: más allá de su ejecución

Madrid

Su asesinato político, en forma de sentencia de muerte, fue mucho más que una venganza de un régimen moribundo, el encabezado por el dictador Franco, quien lloraba por la muerte de Carrero Blanco.

Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación, estaba acusado de la muerte de un policía, el subdirector Francisco Anguas y sobre él pesaba una petición de dos penas de muerte. El tribunal militar que le juzgó y que le impidió una mínima defensa (“fue arbitrario el juico y se vulneró el derecho a la defensa”), lo tenía claro.

Esta es una de las tesis que sostiene el historiador Gutmaro Gómez Bravo en su libro ´Puig Antich. La transición inacabada´ que publica Taurus.

Para el historiador, la dictadura quiso aplacar al ala dura del régimen que pedía mano dura tras el asesinato de Carrero Blanco, obra de ETA. Eso sí, el problema de fondo era la crítica relación que mantenía en esos momentos con la Iglesia.

Gómez Bravo, además, recuerda la negativa del Tribunal Supremo a revisar la sentencia en una decisión que consagra la idea de que la dictadura mantuvo el “orden institucional vigente”. Es precisamente esta idea la que empuja al historiador a afirmar que la transición no puede darse por cerrada. En este sentido, defiende que se ha perdido una década tras la decisión del alto tribunal y se pregunta “¿qué historia queremos construir?”.

También insiste en la idea de que “España es diferente” porque, según denuncia la ONU, continua siendo el segundo país del mundo que mayor número de desaparecidos tiene, tras Camboya. Hay otra razón poderosa para que sostenga esta idea: “ninguna sentencia franquista ha sido revisada, manteniendo a las víctimas como delincuentes”.

Juan Luis Cebrián discrepa sobre la idea de una transición inacabada. Considera que precisamente “la demanda que durante décadas ha existido para revisar el franquismo con reparación de las víctimas, creación de una comisión de la verdad como la hay en otros países, no ha sido atendida. Hubo un intento fracasado y mal gestionado por parte del gobierno Zapatero con la Ley de la Memoria Histórica. Este es un vacío que se hace sentir en la opinión pública española, o en sectores de la opinión pública española. Creo que es un vacío difícil de llenar porque creo que (…) se olvida que la transición fue el final de la Guerra Civil”.

El Presidente Ejecutivo del Grupo Prisa también asegura que la renuncia a reclamar responsabilidades políticas fue el precio por la democracia que pagó la izquierda.

Ángel Juanes, vicepresidente del tribunal Supremo y uno de los magistrados que estudió el recurso de la familia de Puig Antich sostiene que, aunque la Ley de la Memoria Histórica deja claro que los tribunales de la dictadura eran ilegítimos, no articula instrumentos legales para permitir la revisión de las sentencias.