Una jueza manda buscar al militar que ordenó diez asesinatos en Barcones
La asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Soria Recuerdo y Dignidad logra que tres hijas de un asesinado en Barcones durante la Guerra Civil declaren ante el juez
Fotografía durante las exhumaciones en las fosas comúnes de Barcones. / SUSANA SORIA
Soria
Es la única causa reabierta en España que investiga la recuperación de la Memoria Histórica derivada de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almazán ha dictado una providencia en la causa en la que se investigan los asesinatos de diez civiles en Barcones (Soria) aceptando buena parte de las diligencias de prueba que había solicitado la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD). En dicha providencia se accede por primera vez a tomar declaración a las tres hijas de un asesinado en la represión del alzamiento militar de 1936, en calidad de perjudicadas.
Además se incorpora a la causa el testimonio en video de Amelia Rica, hija de otra de las víctimas, Juan Pablo Rica Gutiérrez, sastre y concejal de Cultura del ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. Amelia fue la primera de los familiares que solicitó a la asociación soriana la investigación y recuperación de los restos mortales de una de las víctimas asesinadas en Barcones la mañana del 14 de agosto de 1936. Amelia no pudo ver cumplidos sus deseos ya que falleció un mes antes de que una pala tocara el hombro de su padre y comenzara su recuperación.
La juez ha aceptado los indicios presentados por la asociación accediendo a que se averigüe a través de la Policía Judicial si el identificado como General de la 5ª Región Orgánica y Comandante Militar de Soria, Miguel Cabanellas Ferrer, así como el General Germán Gil y Yuste, siguen vivos, para ser oídos, en su caso, en declaración.
De la misma manera ha accedido a dar órdenes a la Policía Judicial para averiguar el domicilio del jefe de la Comandancia Militar de Soria, Rafael Sevillano, así como el Gobernador Civil, Ramón Enrique Casado García.
En la misma resolución se aprueba librar oficio tanto al Archivo Histórico Provincial de Soria como al Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca solicitando remitan toda la documentación que obre en su poder sobre los crímenes denunciados, detención, estancia en cárcel, órdenes de puesta a disposición de Guardia Civil y Falange, traslado desde la cárcel de Almazán y la del Burgo de Osma y asesinato en Barcones así como de los producidos en la provincia de Soria durante el período reseñado.
La causa de investigación de los 10 civiles asesinados en Barcones la mañana del 14 de agosto de 1936 comenzó con la denuncia interpuesta por la Asociación Recuerdo y Dignidad el 12 de julio de 2013. Una semana después, comenzaban los trabajos de exhumación llevados a cabo por la Fundación Aranzadi, dirigida por el Médico Especialista en Medicina Legal y Forense, Francisco Etxeberría Gabilondo, y que gracias a los trabajos de investigación de la asociación y al relato de un testigo, dieron con la localización de la fosa que albergaba a seis de ellos, continuando a día de hoy los otros cuatro desaparecidos.
El pasado 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, se entregaron a sus familias los cuerpos de los seis vecinos de San Esteban de Gormaz que se exhumaron en Barcones y que fueron identificados genéticamente.
Soria fue una provincia que en el alzamiento militar de 1936 cedió el poder a los militares sublevados contra el orden republicano. Pese a no ser frente de guerra ni haberse dado conflictos previos, se produjeron más de medio millar de asesinatos de civiles.
La causa abierta en Almazán, partido judicial al que pertenece Barcones, investiga los asesinatos de seis vecinos de San Esteban de Gormaz: Juan Ballano Pérez (agricultor de 31 años), Juan Pablo Rica (Concejal de Cultura de 54 años), Bernabé Esteban Benito (jornalero de 37 años), Mariano González Carracedo (telefonista ferroviario de 35 años), Cándido Muyo Arranz (agricultor de 25 años) y Máximo Redondo García (guardabarreras de 37 años) y cuatro vecinos de la capital soriana, todos sindicalistas de la CNT: Arsenio Martínez, Tomás Cué, Antonio Lafuente y Fermín González.
Las seis personas de la comarca del Burgo de Osma, junto a Antonio Lafuente, fueron sacadas de la cárcel de dicha localidad por un grupo de guardias civiles y falangistas y llevadas hacia el sur de la provincia la tarde del 13 de agosto de 1936. En algún punto se unieron a otro camión procedente de la cárcel de Almazán en el que viajaban atados los otros tres cenetistas. Tras pasar la noche amarrados de dos en dos, fueron fusilados y enterrados en dos fosas cercanas. En la primera, enterraron a los cuatro vecinos de Soria, en la segunda a los de San Esteban. El motivo de la separación pudo ser que los segundos accedieron a confesarse ante dos sacerdotes que les ofrecieron auxilio espiritual, aunque las familias no acaban de creerse esta posibilidad.
A día de hoy Recuerdo y Dignidad trabaja por recuperar las identidades de 586 civiles sorianos y sorianas asesinados entre el 18 de julio de 1936 y principios de 1937.
