La investigación del 'caso Rato' está paralizada por falta de juez

Madrid

La devolución del caso Rato de la Audiencia Nacional a la justicia ordinaria ha provocado malestar entre los investigadores. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción siguen sin poder avanzar a la espera de que algún juez decida quedarse con el caso Rato. Cinco meses después de la detención del exvicepresidente de Aznar y de los registros que siguieron a esa detención, la investigación está paralizada.

Según los investigadores, ahora mismo hay sobre la mesa diligencias abiertas a la espera de instrucciones judiciales y comisiones rogatorias que no se piden porque no hay ningún juez que las autorice. Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción investigan un posible delito de blanqueo presuntamente cometido por el exministro de Economía y exdirector del Fondo Monetario Internacional, una investigación en la que las comisiones rogatorias son claves.

Los investigadores subrayan además que la investigación ya está empezada y que las partes implicadas tienen conocimiento de la investigación que se ha iniciado. De hecho, se han practicado detenciones en este caso. Hay una persona en la cárcel a la espera de que se resuelva esta investigación. El presunto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, está en prisión por blanqueo y corrupción de capitales. La Guardia Civil lo detuvo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas cuando intentaba volar a México. Era el administrador de la sociedad pantalla Albisa Inversiones y Asesoramiento SL, la presunta sociedad pantalla de Rodrigo Rato.

Según la investigación, Albisa sería una empresa pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad de Rato, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.

La Agencia Tributaria ya ha enviado toda la información necesaria para avanzar. Se ha ido recibiendo poco a poco pero ya está en dependencias policiales. Si se eleva el conflico de competencias al Tribunal Supremo, la respuesta tardará entre cinco y seis meses.