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Sábado, 22 de Febrero de 2020

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Anticorrupción considera “acreditada” la “relación” de Espejel y López con el PP

Las fiscales Anticorrupción piden al pleno de la Audiencia Nacional que “valore si un observador objetivo tendría razones para dudar de la imparcialidad” de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López que juzgarán la Gürtel, después de haya quedado “debidamente acreditada” la relación de ambos con el Partido Popular

Las fiscales Anticorrupción del caso Gürtel, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, han presentado dos informes muy duros al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá que decidir el próximo 30 de octubre si recusa a dos de los tres magistrados que juzgarán este caso, Concepción Espejel y Enrique López, por su vinculación con el Partido Popular.

En sus escritos, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, consideran probada su relación con el Partido Popular, marcan el camino para la recusación de ambos por la pieza de la caja b del PP e invocan la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y numerosos acuerdos firmados por España que concluyen que un juez no solo debe ser imparcial, sino parecerlo a los ojos de la sociedad.

Las fiscales sostienen que “a la vista de la prueba practicada”, cabe afirmar que “los hechos” sobre los que se “sustentaban las dudas sobre la imparcialidad” de ambos magistrados “por su relación con el Partido Popular”, han quedado “debidamente acreditados”, y piden al pleno que “valore si un observador objetivo tendría razones para dudar” de su independencia.

Los escritos son críticos con la posición del Partido Popular, que ha defendido la autonomía de Espejel y López, y demoledores para ambos magistrados.

Respecto a Concepción Espejel, que presidirá el juicio de la Gürtel, las fiscales destacan que tanto el Partido Popular como el extesorero Luis Bárcenas, a quienes la magistrada tendrá que juzgar, la votaron como miembro del Consejo General del Poder Judicial. Un cargo que Espejel ocupó de forma “inmediatamente anterior” al que ahora desempeña en la Audiencia Nacional, lo que “contradice el escrito de oposición” del PP “a la recusación, que alegaba la “inexistencia de una conexión temporal”.

Enrique López participó en cursos Faes hasta el pasado 18 de febrero

Sobre Enrique López, llamado a redactar la sentencia del caso Gürtel, las fiscales desvelan que su “singular relación” con la fundación Faes del PP ha sido “más intensa” y actual que la advertida hasta ahora porque no fueron alrededor de 50 participaciones del magistrado en cursos y ponencias con la institución que preside José María Aznar hasta 2010, como se creía hasta la fecha, sino que “ha quedado acreditada la asistencia” de López a un total de “68 seminarios (6 de ellos como ponente o coordinador)” desde 2003 hasta el 18 de febrero de 2015, por las que cobró “13.102,37 euros”. En consecuencia, las fiscales destacan que “la relación del magistrado con la fundación Faes no es esporádica sino reiterada y estable durante un largo periodo de tiempo”.

Una “actividad” que también “contradice los escritos” del Partido Popular, que como con Espejel, alegaban la “inexistencia de una conexión temporal” que acreditase la vinculación alegada por las partes impulsoras de la recusación. Las representantes del Ministerio Público recuerdan también que la procesada exministra de Sanidad, Ana Mato, es vocal del patronato de la fundación que contrataba a López.

Para las fiscales Anticorrupción, la vinculación de Enrique López con el PP es clara. Recalcan que ha impartido dos conferencias políticas en el Partido Popular. También que fue nombrado vocal del Poder Judicial a propuesta del PP, un partido que tiene la “condición de parte” como partícipe a título lucrativo de la causa.

La “decisiva” actuación del PP para nombrar a López en el Constitucional

Además, que cuatro imputados en la causa —Alberto López Viejo, Carlos Clemente, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco—, propusieron desde la Asamblea de Madrid su nombramiento en el Tribunal Constitucional. Que más tarde, el Partido Popular recurrió, “reconociéndosele un interés indirecto para ello”, que el Senado rechazase su nombramiento para el mismo tribunal de garantías; y que finalmente, el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular aprobó dicho nombramiento ante la repulsa del Senado. Y en dicho Consejo de Ministros participó, recalcan las fiscales, la procesada Ana Mato.

Las fiscales recalcan que la intervención del PP ha sido “decisiva” para los distintos nombramientos, y ha ido más allá de la “legítima y reglada”. Además, dicen que su “apariencia de falta de imparcialidad” se ha “visto reforzada” por las “expresivas manifestaciones” del propio magistrado, quien “viene a reconocer en su escrito sus naturales sentimientos de agradecimiento por tales nombramientos”.

Efecto de la recusación Gürtel para la caja b del PP

Por otra parte, marcan el camino para la recusación de ambos en la otra pieza separada del caso, en la que se juzgará la caja b del PP. Las fiscales sostienen que “la apariencia de un interés del magistrado recusado en el procedimiento principal o en cualquiera de sus piezas separadas, necesariamente afectaría a las restantes”.

“La mera existencia de sombra de duda resulta indeseable”

En sus dos escritos, las fiscales Anticorrupción se esfuerzan por exponer las distintas doctrinas y acuerdos internacionales firmados por España sobre la apariencia de imparcialidad de los jueces, que son mucho más duros que las causas de recusación tasadas en la legislación española. Citan no solo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su “teoría de la apariencia”, que establece que “la justicia debe ser impartida por jueces imparciales y la sociedad ha de constatar que así sea”, sino hasta 5 recomendaciones de otros tantos organismos, documentos e instituciones en las que participa España. Las fiscales se refieren a la Declaración de Londres, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, a la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, los Principios de Bangalore, y especialmente, al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que en su informe de evaluación de España en 2013 destacó que en este país “existe una creciente preocupación por temas de corrupción que, en el ámbito judicial, se plasmaría en la impresión de que intereses partidistas podrían estar interviniendo en las decisiones judiciales”. Las fiscales acentúan que “la mera existencia de esta sombra de duda resulta indeseable y deben tomarse medidas para garantizar que el sistema judicial no solo esté libre de indebidas influencias externas, sino también para que lo parezca”. Son las fiscales Sabadell y Nicolás quienes marcan esta última frase con negrita en sus escritos.

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Cadena SER

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