Las libertades y derechos se ven amenazados en todo el mundo

Madrid

"El mundo está sufriendo un asalto global a los derechos y a las libertades". Lo refleja el último informe de Amnistía Internacional, según Alfonso Sánchez, su presidente en España. "El sistema de protección internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario está en peligro de desmoronarse", apunta Sánchez. Y añade que a esto se le suma que diversos grupos armados están cometiendo crímenes y "atrocidades" en muchas partes del mundo. "Y un buen ejemplo de todas estas cuestiones es Siria". El informe apunta que en la guerra siria diferentes grupos han cometido crímenes de guerra, también el Gobierno, y  ha provocado que más de la mitad de la población haya huido a otros países o se desplacen a otras zonas del suyo, agravando la mayor crisis de refugiados.

Nunca ha habido en el mundo tantos desplazados y refugiados en el mundo como ahora: 60 millones, según Amnistía Internacional. Es la cifra más alta desde la II Guerra Mundial. Los líderes mundiales están actuando "tarde y mal" ante crisis como esta, según Sánchez. "Muchos de ellos, de estos 60 millones, llevan varios años en esta situación", apunta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. El informe señala que: "El reparto de la carga -y de la responsabilidad- continuó estando enormemente desequilibrado, y la provisión de recursos quedó muy por detrás de la rapidez con que evolucionaba la crisis". Medidas como la "expulsión sin seguir los trámites establecidos", el "traslado a otros territorios" o diversas iniciativas estatales que "equivalían a denegación del acceso a un procedimiento de concesión de asilo" contribuyeron a la violación de derechos humanos de estas personas, según el estudio.

"Pedimos un cambio radical en las políticas sobre refugiados: tiene que haber una respuesta global y no una respuesta parcial o nacional", reclama Beltrán. Como medida más inmediata apunta que hay que empezar por acoger a los "1.015.000 refugiados que están en situación más vulnerable" en los 48 países más ricos: mujeres con niños, menores de edad, heridos, discapacitados y ancianos.

Entre los refugiados hay 4.600.000 sirios, según la ONU, que cifra en 7.600.000 los desplazados dentro de Siria, donde al finalizar 2015, el conflicto había causado ya al menos 250.000 muertes.

Los diferentes grupos armados, y también el Ejecutivo de Al- Assad, han cometido "con impunidad crímenes de guerra" y "abusos flagrantes contra los derechos humanos", según Amnistía. Hay zonas sitiadas, se han bombardeado ciudades enteras y se han atacado hospitales. El informe destaca que: "Las fuerzas del gobierno efectuaron ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles, como bombardeos de zonas residenciales e instalaciones médicas civiles". "El Gobierno sirio, en colaboración con fuerzas rusas, ha bombardeado a trabajadores humanitarios, que acudían en rescate de civiles. Es una de las perversiones de esta guerra", añade Beltrán. 

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El director de la ONG dice que ha habido decenas de miles de desaparecidos por parte del Gobierno de Siria. "No sabemos cuántos de ellos están en prisión". Según las conclusiones, las fuerzas de seguridad "infligían sistemáticamente y con impunidad tortura y otros malos tratos a las personas detenidas" y entre 2011 y 2015 se produjeron "miles de muertes bajo custodia debido a tortura y otros malos tratos".

Límites a la libertad de expresión

En 2015, se restringió la libertad de expresión y de prensa en al menos 113 países. A Amnistía le preocupa la respuesta de ciertos gobiernos con medidas que "agravan los problemas", como "la represión de la sociedad civil y de la libertad de expresión" ante las amenazas a la seguridad. Entre otras medidas, la prolongación del Estado de Emergencia en Francia, que se estableció tras los atentados en París en noviembre, o el debate de reforma constitucional para introducir la retirada de la nacionalidad a condenados por terrorismo. "El problema es que lo que es excepcional se convierte en cotidiano", lamenta Esteban Beltrán.

En España, con la 'ley mordaza', "se limitó de manera desproporcionada" el ejercicio de libertad de expresión y reunión pacífica. El Gobierno ha hecho otras reformas legislativas "contrarias al derecho internacional", según la ONG, como la modificación de la ley de extranjería para "legalizar la expulsión automática y colectiva de personas migrantes y solicitantes de asilo y refugio en Ceuta y Melilla".