17 detenidos en una operación contra la corrupción urbanística en Granada
El alcalde ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración. A los detenidos se les atribuyen los delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias y malversación
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), custodian la entrada de la sede de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada / Miguel Angel Molina (EFE)
Madrid
La operación policial y judicial contra una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada se ha saldado con la detención del alcalde y la concejala del área y su posterior puesta en libertad con cargos además de otras 15 personas. La investigación se basa en la sospecha de que durante casi una década el Ayuntamiento de Granada ha favorecido a empresarios locales mediante información privilegiada que les ha permitido hacerse con parcelas de la ciudad donde después se produjeron recalificaciones urbanísticas.
Un amplio dispositivo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, desplazado desde Madrid, ha realizado numerosos registros en oficinas municipales, empresas y domicilios particulares. En total han sido detenidas 17 personas que han pasado por dependencias policiales y serán llamadas en breve a declarar por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que instruye las dos querellas presentadas, como origen del caso, por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada.
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Aunque las investigaciones han sido declaradas secretas, información oficial confirma que a los detenidos se les atribuyen los presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio. En los próximos días, los 17 detenidos, entre los que se encuentran altos cargos de Urbanismo, funcionarios municipales y empresarios, serán llamados a declarar por el juzgado en calidad de “investigados” que es la nueva denominación de la antigua figura de “imputados”.
La investigación
La investigación judicial comenzó hace un año, según han confirmado a la SER fuentes policiales, tras avanzar el juzgado en el caso Serrallo Plaza, que investiga la legalidad de la construcción de una discoteca y zona de ocio en los espacios verdes exteriores de uso público del centro comercial. A eso se unieron en los últimos meses distintas denuncias sobre una recalificación en una parcela del Parque Tecnológico de la Salud y la “invasión” de un terreno particular por un pabellón deportivo municipal. Curiosamente detrás de estos tres casos está el mismo empresario, cuyo negocio inmobiliario ha sido registrado, junto a otros domicilios y oficinas privadas y municipales.
La investigación trata de establecer si existe desde hace casi una década una trama corrupta para beneficiar a ciertos empresarios. Se estudia si el Ayuntamiento avisaba a distintos constructores afines de próximas operaciones de recalificación urbanística para que previamente ellos pudieran adquirir los terrenos a bajo precio, según fuentes policiales. Los investigadores tratan de averiguar, además, si a cambio de las posibles recalificaciones y consecuentes “pelotazos”, funcionarios o políticos recibieron “mordidas”.
Crónica del día
El alcalde de Granada ha asistido desde las ocho de la mañana y durante unas tres horas al registro de su domicilio de la calle Obispo Hurtado de la ciudad. Los agentes de la UDEF de la Policía Nacional han trasladado después a Torres Hurtado a su despacho en el Ayuntamiento de Granada para proceder al registro de la oficina, de dónde han sacado varias cajas con documentos. Dos horas después ha sido trasladado, en calidad de detenido, a dependencias policiales. Poco antes de la dos de la tarde, ha sido puesto en libertad con cargos.
Los agentes también han registrado desde las siete de la mañana varios domicilios particulares de empresarios de Granada; algunas de sus sedes; y las oficinas del Área de Urbanismo, en la calle Gran Capitán.
Los funcionarios municipales que comparten sede en el edificio Centro Gran Capitán (Urbanismo y Medio Ambiente) han sido desalojados poco después de las ocho de la mañana y una hora después han sido informados por la Policía de que podían volver a sus casas.
