Cargos contra Lula en la recta final del juicio a Rousseff dejan dudas en Brasil

La decisión de la Policía Federal de presentar cargos por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en medio de la tormenta que vive Brasil en la última fase del proceso destituyente contra Dilma Rousseff generó dudas sobre el impacto de esta acusación en el juicio.

El abogado de Rousseff en el proceso destituyente abierto en el Senado contra la presidenta suspendida, José Eduardo Cardozo, inmediatamente resaltó la coincidencia del anuncio de la Policía Federal con el proceso político, pero descartó que pueda influir negativamente en la defensa de la mandataria.

Cardozo, que fue ministro de Justicia de Rousseff, manifestó su extrañeza por el hecho de que los cargos contra el expresidente fueran presentados precisamente un día después de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) anunciara que Lula acudirá el próximo lunes al Senado para acompañar la defensa que su ahijada política y sucesora hará ante los senadores que la juzgan.

Para el abogado, acusado o no, la decisión del líder más carismático de Brasil de dejar claro su apoyo a Rousseff la ayudará en su intento de convencer a los senadores de que es inocente. "La presencia de Lula en cualquier lugar ayuda a quien él apoya", afirmó Cardoso en declaraciones a periodistas.

El Senado inició el jueves la fase final del proceso en el que acusa a Rousseff de irregularidades en la gestión de las cuentas públicas, que puede concluir el próximo miércoles con la destitución definitiva de la presidenta, separada de su cargo desde el 12 de mayo y sustituida por su entonces vicepresidente, Michel Temer.

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El exministro agregó que Lula no puede ser prejuzgado debido a que la presentación de cargos no dice nada. "Se trata de una acusación sin que él haya hecho su defensa. Creo que el expresidente probará su inocencia", afirmó.

También el senador Humberto Costa, jefe del grupo del PT en la Cámara alta, apuntó que "el anuncio no tiene ninguna repercusión en el juicio político. Era algo que esperábamos. El expresidente aún ni fue denunciado penalmente".

Según un documento publicado casi que simultáneamente por varios medios locales, la Policía Federal presentó cargos contra Lula por corrupción, falsificación y enriquecimiento ilícito por los supuestos beneficios que recibió de la constructora OAS, una de las empresas condenadas por su participación en la red que desvió millonarios recursos de la petrolera estatal Petrobras.

Las acusaciones se extienden a la esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva; al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto; al expresidente de la OAS, Leo Pinheiro, y al arquitecto Paulo Gordilho, un alto cargo de la constructora.

De acuerdo con la Policía Federal, la OAS gastó 1,1 millones de reales (unos 333.000 dólares) para reformar y amueblar un lujoso apartamento de tres pisos en el balneario de Guarujá cuya propiedad es atribuida al exmandatario, además de haber pagado 1,3 millones de reales (unos 393.940 dólares) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011 y 2016 los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.

Sus abogados alegan que Lula pagó la cuota inicial del mencionado apartamento pero que desistió del negocio y pidió que le devolvieran el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad de un inmueble en el que nunca ha vivido.

"Fue posible establecer que Lula y su esposa se beneficiaron de ventajas ilícitas por parte de la OAS en valores que suman 2,4 millones de reales (unos 727.270 dólares) referentes a las obras de reforma en el apartamento y al costeo del depósito de los bienes de la pareja", alegó el comisario Mario Adriano Anselmo en su informe.

Las pruebas presentadas por la Policía Federal tendrán que ser analizadas ahora por la Fiscalía, que tiene un plazo de 90 días para decidir si pide a la Justicia que abra un proceso contra Lula y los otros acusados.

Esta es la primera vez que Lula es acusado formalmente en una de las tres causas en que es investigado por supuestos beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en Petrobras.

El exmandatario también es investigado por la supuesta propiedad de una casa de campo en Atibaia cuyas reformas fueron costeadas por las constructoras OAS y Odebrecht, y por las donaciones que el Instituto Lula recibió de empresas asociadas al escándalo de Petrobras.

Lula ya fue imputado en una causa por obstrucción a la Justicia en un proceso independiente al de Petrobras.