Miércoles, 03 de Junio de 2020

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Batallas envenenadas en Justicia

Rafael Catalá deberá batallar otra vez con las reformas más polémicas: la pena de prisión permanente revisable, la introducción de plazos para la investigación de los delitos o el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial

Rafael Catalá repite al frente del ministerio de Justicia.

Rafael Catalá repite al frente del ministerio de Justicia. / Javier Lizón (EFE)

El pacto firmado por el PP con Ciudadanos compromete al nuevo Ejecutivo con una inversión de 1.300 millones de euros para Justicia durante los próximos cuatro años, obliga a tipificar el enriquecimiento ilícito, regular la protección de los denunciantes, reducir los aforamientos y modificar la ley de indulto para excluir la concesión de la gracia a determinados delitos relacionados con la corrupción.

En el plano estructural, también será motivo de debate la reforma de la planta judicial, la implantación de nuevas tecnologías coordinadas o la decisión de poner la investigación en manos de la Fiscalía.

Media legislatura

Hace solo dos años, el 27 de septiembre de 2014, llegó al ministerio de Justicia Rafael Catalá con el primer encargo de Rajoy para sofocar los incendios sociales de Alberto Ruiz-Gallardón con el aborto o las tasas judiciales, pero ha terminado la legislatura con algunos incendios propios por la implantación de leyes polémicas como la prisión permanente revisable.

Catalá heredó un Ministerio salpicado de enfrentamientos continuos con todos los operadores jurídicos y el rechazo absoluto del Congreso a muchas de sus leyes, por lo que eliminó de los textos algunas cuestiones que podían generar mayor controversia o que, por el tiempo que restaba de legislatura, no era viable incluirlas, e inició un nuevo camino de diálogo con jueces, fiscales y secretarios en el que ha recuperado las buenas relaciones.

El flamante ministro ha logrado alguno de sus propósitos con un acercamiento real y efectivo con los operadores jurídicos pero, en cambio, inició reformas y cambios ambiciosos que, más que sofocar el fuego, lo avivó. Por ejemplo, al no entregar la instrucción de los casos al Ministerio Fiscal (la gran asignatura pendiente de justicia) o con reformas controvertidas como la prisión permanente revisable, la restricción de la Jurisdicción Universal de nuestros tribunales, la subida de las tasas o la ley de plazos en la instrucción.

Desafío secesionista

En dos años, Catalá ha introducido reformas importantes en los textos legales, como tipificar por primera vez el delito de financiación ilegal de partidos políticos y haber endurecido las penas de inhabilitación para los corruptos, la nueva regulación del decomiso, el estatuto de la víctima, o la iniciativa del papel cero en los juzgados. Algunas leyes están ralentizadas por falta de la suficiente inversión como el expediente digital o al Estatuto de la Víctima.

En el ámbito político, Catalá ha destacado por su insistencia en poner freno al desafío secesionista y su departamento se ha visto involucrado en varios escenarios, como en el Tribunal Constitucional, al reformar la Ley Orgánica del TC para hacer efectivo el cumplimiento de sus resoluciones y sancionar a los cargos públicos que le desobedezcan; en el Tribunal Supremo, al impulsar la querella contra Frances Homs, y hasta en la Audiencia Nacional para apoyar la investigación sobre al concejala de Vic, Joan Coma, por sedición.

Caso Gürtel

Catalá también se ha significado por el cierre de filas en torno a las investigaciones contra el Partido Popular como la de los ordenadores de Bárcenas en la que sembró dudas sobre la actuación de la juez Rosa Freire que ha procesado al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores

Catalá se ha mostrado en los últimos meses muy cercano a Rajoy que le encargo asumir la cartera de Fomento después de Ana Pastor- su gran valedora- fuera propuesta para presidir el Congreso de los Diputados.

Retos de futuro

La legislatura que se inicia tendrá que resolver algunos de los objetivos marcados hace tiempo y que denunciaban los jueces decanos de toda España. Para empezar un Pacto de Estado y una hoja de ruta compartida.

  • Incrementar el número jueces (Ahora hay 5.000 y debería haber 9.600)
  • Potenciarse el arbitraje.
  • Dotación y racionalización de los medios materiales y humanos.
  • Potenciar el expediente digital del papel cero, con constantes fallos del sistema debido a la ausencia de modernización informática común
  • Eliminar la politización del CGPJ mediante la elección de los vocales por los jueces –mediante sufragio libre, igual, directo y secreto- y no por el Poder Legislativo.
  • La independencia económica del Poder Judicial.
  • La reducción de los aforamientos.
  • La regulación de los indultos en España que es obsoleta.
  • La limitación de las puertas giratorias.
  • Creación de órganos especializados en materia de investigación e instrucción de los delitos de corrupción y económicos.
  • La potenciación y regulación adecuada de la figura del denunciante confidencial, o del arrepentido.
  • Mantener la acusación popular pero con limitaciones y Eliminar del ámbito del Tribunal del Jurado los delitos de corrupción política.

Leyes aprobadas

En los dos años de andadura del ministro ha conseguido aprobar, ley Orgánica del Poder Judicial por la que se modifica el nombramiento de los jueces y pretende agilizar la Justicia, mejorar el reparto de la carga de trabajo entre juzgados y permitir una mayor especialización de jueces y magistrados.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a los jueces los plazos de instrucción, con un periodo ordinario de seis meses en causas sencillas y de 18 en las complejas, y con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses

Código Penal

Además de la polémica prisión permanente revisable y la eliminación de las faltas de su articulado, incluye importantes cambios para el mundo empresarial, como en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La rebaja de 120.000 a 50.000 euros el límite para perseguir como delito el fraude fiscal.

Otras reformas

Una de las normas más relevantes aprobadas por el Ministerio de Justicia es el Estatuto de la Víctima. Entre otras medidas, da derecho a las víctimas de los delitos más graves a ser escuchadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria antes de decidir sobre la libertad condicional, el cambio de grado o los beneficios de sus agresores.

Otra reforma de calado es la que modifica el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico.

En junio se aprobó la reforma de la Ley Hipotecaria que mejora la coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad con el fin de evitar discrepancias en la inscripción de fincas.

También se han aprobado la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que permite una importante reducción de la burocracia y de los tiempos de respuesta con las administraciones de justicia de otros países, y la ley que regula la representación de España en Eurojust.

También ha salido adelante la reforma de la Ley Concursal, que establece una segunda oportunidad para deudores de buena fe con cargas, incluyendo por primera vez a las personas físicas.

La posibilidad de registrar nacimientos y defunciones desde los hospitales también ha recibido luz verde con una Reforma del Registro Civil. Otra iniciativa aprobada es la ley por la que se concede la nacionalidad española a los sefardíes.

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