Viernes, 17 de Septiembre de 2021

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La Audiencia niega la libertad a Granados por su "elevadísimo patrimonio oculto"

La Sala interpreta que le serviría para “huir” de la acción de la Justicia. La Audiencia añade las “presiones y amenazas” a “investigados, testigos y policía” para “destruir pruebas” como argumento para confirmar la prisión del exnúmero 2 de Esperanza Aguirre

El exconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados

El exconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados / EFE

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional para el exconsejero de Presidencia y antiguo secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, quien se encuentra en el centro penitenciario de Estremera desde su detención, el 27 de octubre de 2014, como supuesto cabecilla de la operación Púnica.

La Sala argumenta que hay un claro riesgo de huida porque existen datos de un “elevadísimo patrimonio” de origen ilícito que Granados “oculta”. Patrimonio que los investigadores sitúan en Panamá y que superaría los 20 millones de euros.

Prueba de esas “importantísimas sumas de dinero” negro son los 922.000 euros hallados en el altillo de un armario en el domicilio de sus suegros, o las declaraciones de otros investigados y testigos, así como la existencia de cuentas en Suiza donde Francisco Granados guardaba dinero de “procedencia ilícita”, obtenido de la actividad criminal del entramado en municipios de la Comunidad de Madrid.

Los magistrados destacan que el imputado “se ha valido y ha utilizado” los cargos públicos para los que fue nombrado desde el año 2000, para participar en “un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario en las que se ventilan miles de millones” de euros, de las que obtuvo “pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la justicia”.

“Presiones y amenazas” a testigos, funcionarios y policía

La Sala también asevera que hay “datos elocuentes” sobre la existencia de “presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquel que no siguiera sus directrices”, y que en caso de salir de prisión hay un riesgo claro de que continúe con estas prácticas.

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