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Sábado, 19 de Octubre de 2019

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Anticorrupción sitúa al extesorero Viloca en el centro de la financiación ilegal de CDC

Hay al menos 18 detenidos, la mayoría de ellos empresarios, que están acusados presuntamente de realizar donaciones a CDC y fundaciones del partido a cambio de obra pública

Operación de la Guardia Civil contra la trama del 3% en Cataluña. / ATLAS

Nueva fase de la operación Petrum contra la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya llamada operación Pika. La Guardia Civil ha detenido este jueves por la mañana a varias personas, la mayoría de ellos empresarios del sector de la construcción. Se les acusa presuntamente de realizar donaciones a CDC y a fundaciones del partido a cambio de obra pública. Según la investigación que la está llevando a cabo la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, presuntamente camuflaron como donaciones a CDC lo que eran sobornos por la concesión de obras públicas.

Afecta a tres importantes organismos públicos que realizaban presuntamente licitaciones de contratos amañados con diferentes empresas. Como contraprestación a la adjudicación de estos contratos posteriormente hacían efectivas donaciones a las fundaciones satélites de CDC, que servían de financiación a este partido. Los entes públicos afectados son INFRAESTRUCTURAS.CAT, AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA y Entidad Pública BIMSA (Ayuntamiento de Barcelona).

Entre los 18 detenidos están cargos de Convèrgencia y "fontaneros" del partido. Los dos altos cargos de la antigua Convèrgencia son Antonio Vives, exteniente de alcalde de Urbanismo de Xabier Trias  en el ayuntamiento de Barcelona que abandonó la primera línea politica a finales del 2015 acorralado por casos de corrupción. El otro cargo de Convèrgencia es Francesc Sànchez, conocido como uno de los grandes "fontaneros"  de Convérgencia. Es la primera vez que se vincula a un caso concreto de corrupción.

También ha sido detenido, aunque ya ha sido puesto en libertad, Sixte Cambre, el presidente del Puerto de Barcelona. Intimo amigo de Artur Mas la investigación le señala por las sombras de corrupción que hay con la ampliación del dique del Puerto.

La Fiscalía Anticorrupción sitúa al extesorero de CDC, Andreu Viloca, en el centro de la presunta financiación ilegal de Convèrgencia. De la documentación incautada en Catdem y CDC se "desprende un especial seguimiento por parte del Sr. Viloca de las adjudicaciones y licitaciones otorgadas por entidades públicas gobernadas  por CDC, tanto a nivel local y provincial como autonómico". Además añade la Fiscalía "la Guardia Civil ha detectado comunicaciones con ciertos empresarios sobre asuntos relacionados con adjudicaciones, listados de empresas adjudicatarias y donantes".

Según la Fiscalía Anticorrupción el extesorero Viloca era quien controlaba de forma sistemática los pagos que de confirmarse "serían los sobornos bajo la apariencia de donaciones a través de sus fundaciones vinculadas".

La operación policial ejecutada por la Guardia Civil bajo la tutela del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo y está dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de el Vendrell (Tarragona). Se están haciendo registros en domicilios de los detenidos y se va a requerir información en las sedes sociales de las empresas.

Según fuentes cercanas a esta investigación hay más de una docena de órdenes de arresto. Además de los detenidos, hay decenas de personas imputadas. Hay previstos más de treinta registros que afectan a tres empresas públicas.

Sobre la base de estas tres entidades, se llevarán a cabo una serie de registros y requerimientos en entidades públicas, mercantiles, despachos profesionales y domicilios relacionados con las mismas y con los participantes en la trama de corrupción. Están previstos 25 registros, 2 requerimientos y 12 detenidos.

Denuncia de Torredembarra

El caso Petrum arrancó de una denuncia de una concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) en 2012 por presuntos amaños entre la empresa constructora Teyco y el Ayuntamiento, que culminó con la detención en junio de 2014 del entonces alcalde, Daniel Masagué (CiU) y el registro de Teyco. Las diligencias que se hicieron después culminaron en julio del 2015 con la detención del consejero delegado de esta constructora, Jordi Sumarroca, a quien la Guardia Civil encontró un documento en el que se calculaba el 3% de varias adjudicaciones hechas por cinco ayuntamientos gobernados por el partido. La Guardia Civil ha comprobado que, en algunos casos, los importes donados por las empresas coinciden prácticamente con el 3% del monto de la adjudicación.

Este papel que se encontró a Sumarroca fue la clave para que en agosto del año 2015 la Guardia Civil registrase las sedes de CDC y las dos fundaciones del partido. En esta operación los agentes de la Benemérita descubrieron en el despacho del tesorero una trituradora en la que había tiras de papel en los que aparecía la palabra Teyco. Según fuentes de la Fiscalía y de la Guardia Civil, en esta constructora había documentos de especial relevancia que se pudieron reconstruir y que sirvieron para avanzar en la operación. En octubre de ese año se detuvo al tesorero de Convergencia Andreu Viloca. La Fiscalía Anticorrupción acusó al tesorero de Convergència al menos seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales.

Las investigaciones apuntan a que Convergència y sus dos fundaciones utilizaban las administraciones en las que gobernaban para adjudicar obra pública a las constructoras. Después las empresas hacían cuantiosas donaciones a las dos fundaciones de CDC.

Entre el año 2008 y el 2013, las dos fundaciones de Convergència recibieron más de 10 millones de euros en forma de donaciones, en su mayor parte procedentes de empresas adjudicatorias de grandes contratos públicos.

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