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Tribunales | Actualidad
Operación Lezo

Ignacio González financió al PP de Madrid mediante una empresa pública

Según el auto del juez Velasco, pidió 1.000.000 de euros a la Agencia de Informática de Madrid para "sanear" las cuentas del Partido Popular en la región. El magistrado también destaca que Indra, adjudicataria en la Comunidad, abonó 700.000 euros a “proveedores” del Partido Popular y revela una presunta operación de blanqueo con Eduardo Zaplana

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (d), a su llegada al despacho que tiene en la calle Alcalá de Madrid acompañado por Guardias Civiles / Ballesteros (EFE)

Madrid

El auto en el que el juez Velasco ordena el ingreso en prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid revela los hechos de los que se le acusa. Según el texto, pidió 1.000.000 de euros al exdirector de la Agencia de Informática de Madrid ICM, José Martínez Nicolás, para “sanear" las cuentas del partido. Una acusación sustentada por la declaración de Silvano Corujo. Nicolás “se habría valido de la contratación entre ICM, Pricewaterhouse e Indra” para obtener el dinero solicitado por Ignacio González, sostiene el auto.

Además, el juez le atribuye el cobro de un soborno de 1,4 millones de euros por parte de OHL en 2007 para la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero; la compra hipervalorada de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal, que supuso el desvío de 23 millones de euros del erario público a cuentas en paraísos fiscales; y la “fraudulenta adjudicación de la construcción y gestión” del campo de golf de Chamberí, en el que “habrían resultado beneficiarios” el hermano de Ignacio González y su cuñado.

El juez también le acusa de realizar facturaciones ficticias y del manejo habitual de dinero en efectivo. Así mismo, el texto también menciona operaciones de blanqueo de capitales. En concreto, el juez destaca la pretendida operación de lavado de capitales a través del accionariado de Auditel, y la adquisición “del 50 por ciento con Eduardo Zaplana” de una sociedad relacionada por el abogado uruguayo Belhot. En “comunicaciones intervenidas”, afirma el magistrado, Ignacio González propone montar a Zaplana esta sociedad.

Dentro del capítulo de supuestas operaciones de blanqueo atribuidas a Ignacio González, el auto apunta a que junto a su esposa, Lourdes Cavero, participa en una empresa de gestión de guarderías "a nombre de terceros". El juez Velasco sostiene que con una “mínima” aportación de 10.000 euros, el matrimonio posee el 20 por ciento de la sociedad.

En su auto, el juez Velasco también detalla que el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, posee un importante “patrimonio oculto” en Colombia, a nombre de su padre, con numerosas inversiones inmobiliarias.

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