El Congreso declara nulas todas las sentencias políticas del franquismo

Madrid

El PSOE ha iniciado el curso parlamentario promoviendo en el primer pleno del nuevo período de sesiones una declaración de nulidad de todas las sentencias y condenas políticas emitidas por los tribunales franquistas durante la Dictadura. Se trata de un gesto simbólico, dado que lo que se ha votado este martes es una proposición no de ley, no vinculante para el Gobierno, pero que implica un avance sobre la redacción de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el gobierno de Zapatero en 2007 y que sólo contempla la “ilegitimidad” de las condenas de la Dictadura.

En la exposición de motivos de su iniciativa, el grupo socialista remarca que “la consolidación plena de nuestra democracia no puede construirse desde el olvido. De este modo, se convierte en un deber moral la plena reparación, reconocimiento y dignificación de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la guerra civil y el franquismo”.

“Aunque la ilegitimidad ya incluye de facto los efectos nulos de esas sentencias, es evidente que para muchas personas con el paso de los años el término de nulidad es importante, y por eso nos parecía adecuado que el Congreso lo recogiera en esos términos. Aunque sea de manera simbólica es un reconocimiento y una reparación a la memoria y a muchas personas que sufrieron represión de forma totalmente injusta por razones políticas”, explica en declaraciones a la SER, la diputada Meritxell Batet.

En su iniciativa, el PSOE recuerda que, según el informe Valiére, realizado por el Gobierno francés en 1939, fueron 440.000 los ciudadanos españoles –un 2% de la población de entonces- que a final de la Guerra Civil se habían exiliado en Francia, entre ellos el que entonces era president de la Generalitat de Cataluña, Lluis Companys, y que fue detenido en 1940 por la policía militar alemana en colaboración con el régimen franquista. Una vez en España, Companys fue torturado y sometido a un consejo de guerra sumarísimo por el que fue condenado a muerte. Su ejecución tuvo lugar en el Castillo de Montjüic el 15 de octubre. La inclusión de esta declaración específica fue una de las medidas acordadas entre PSOE y PSC el pasado mes de julio.

La proposición no de ley pide la nulidad de todas las sentencias y condenas emitidas por el Tribunal de Represión Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra que emitieron condenas “contra quienes defendieron la legalidad institucional, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.

Voto en contra del PP y abstención de C's

El PP no ha apoyado la iniciativa, que considera innecesaria porque la ley de Memoria Histórica ya contempla declaraciones de reparación moral a las víctimas de esas condenas, que el Gobierno está firmando en cumplimiento de la normativa vigente. Fuentes populares señalan que es el PSOE el que tiene que explicar su cambio de postura ahora tras haber rechazado en el pasado medidas similares presentadas en el Congreso por otros grupos de izquierda.

Al 'no' del PP se han sumado también ERC, UPN y Foro, mientras que Ciudadanos y Bildu se han abstenido en la votación.

Unidos Podemos ha respaldado con su voto afirmativo la iniciativa y celebra que el PSOE haya cambiado de postura tras haber rechazado en el pasado demandas similares presentadas en el Congreso por el propio grupo de UP y anteriormente de otras formaciones como ERC o IU, explica la portavoz del grupo confederal, Irene Montero.

El Pdcat, que en julio registró una proposición de ley para declarar nulas todas las sentencias franquistas, también ha apoyado la iniciativa del PSOE junto al PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias.