La segunda fila del procés llega al Tribunal Supremo para conocer su procesamiento
Este lunes arrancan las declaraciones indagatorias de los nueve procesados que no se han dado a la fuga ni están encarcelados: están procesados por desobediencia y algunos también por malversación de caudales públicos
Madrid
La segunda fila del procés unilateral independentista llega este lunes al Tribunal Supremo para conocer su procesamiento por un delito de desobediencia, y en algunos casos también por malversación de caudales públicos: la antigua Mesa del Parlament de Catalunya y la parte del Govern destituido de Carles Puigdemont que ni se ha fugado ni ha sido enviado a prisión provisional por el juez Pablo Llarena.
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Este lunes están citados a partir de las diez de la mañana los cinco exmiembros de la Mesa que presidió la ahora encarcelada Carme Forcadell: son Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
Las indagatorias de los exmiembros de la Mesa y de parte del Govern llegan más de dos semanas después de que los nueve encarcelados de la causa desfilasen ante el juez para escuchar y combatir la acusación de rebelión, acusando algunos directamente al juez Llarena de haberles convertido en "presos políticos", poniendo en duda la independencia de la Justicia española en este proceso.
La declaración indagatoria es un trámite posterior al procesamiento en el que el juez instructor, Pablo Llarena, comunicará formalmente a los imputados qué acusaciones pesan sobre ellos, y en la que los propios imputados tendrán la oportunidad de declarar más a fondo sobre los hechos concretos que se les atribuyen.
El "tenaz y perseverante" desafío
En su auto de procesamiento, el juez atribuyó un delito de desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlament de Catalunya, asegurando que desobedecieron de forma sistemática las advertencias del Tribunal Constitucional, tramitando leyes con la vista puesta en la independencia y el referéndum del 1 de octubre. Eso, para el juez, "supuso una tenaz y perseverante desatención" ante unas resoluciones del tribunal de garantías que les obligaba a "impedir o paralizar cualquier iniciativa" encaminada a la independencia del territorio catalán.
En sus declaraciones ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo, ninguno ha podido negar que permitieron la tramitación de normas como la del Referéndum o la de Transitoriedad, pero todos - encabezados por Barrufet - inauguraron la vía del acatamiento del artículo 155 y su aplicación por parte del ejecutivo central, así como la de reconocer que la Declaración Unilateral de Independencia no tuvo efectos jurídicos vinculantes. En el caso de Nuet, representante de Catalunya Sí Que Es Pot en la Mesa, su defensa también ha pasado por explicar que no es un político independentista y que, de hecho, votó en contra de esas resoluciones una vez tramitadas.
Desobediencia
Los miembros de la Mesa del Parlament fueron procesados por un delito de desobediencia, que según su redacción en el artículo 410 del Código Penal, puede acarrear hasta dos años de inhabilitación política junto con sanciones económicas. Por tanto, en el hipotético caso de ser finalmente condenados por este delito, los exmiembros de la Mesa del Parlament evitarían la cárcel aunque tendrían que afrontar inhabilitación política para el resto de la legislatura.
Se trata del mismo delito por el que Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y Tribunal Supremo condenaron a Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, respectivamente. En el caso del exconseller de Presidencia, su condena de un año y un mes de inhabilitación es firme mientras que el Supremo tiene previsto revisar los dos años impuestos al expresident en las próximas semanas.