El juicio contra los líderes fugados del procés independentista encalla en Europa
La pieza separada que abrió el juez para perimetrar el juicio contra los fugados amenaza con atascarse en distintos países europeos: Alemania no acusa de rebelión a Puigdemont y Bélgica directamente por no entregar a Comín, Serret y Puig
Madrid
La decisión de las autoridades belgas de no entregar a Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig ha caído como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo, donde no esperaban que una cuestión formal pudiese dar al traste con la entrega de casi la mitad de los fugados. Sin ningún caso todavía resuelto en firme, la estrategia de los fugados de huir de la Justicia española y refugiarse más allá de los Pirineos está consiguiendo uno de sus objetivos: enfangar la causa y retrasar al máximo un hipotético juicio que, hoy por hoy, está en el alambre.
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A día de hoy siete de los veintiocho procesados por distintos delitos de rebelión están fugados en distintos países europeos: Carles Puigdemont (Alemania), Clara Ponsatí (Escocia), Marta Rovira y Anna Gabriel (Suiza) y Comín, Serret y Puig (Bélgica). En estos momentos, el juez no tiene asegurada - ni negada de forma irrevocable - la presencia de ninguno de ellos en un futuro juicio.
El juez Llarena, que ya contaba con esta posibilidad entre sus quinielas, decidió hace unos días partir la causa en dos, dejando por un lado a los imputados que no se han fugado y por otro a los que han abandonado España para que los primeros puedan ser juzgados antes, sin tener que esperar los meses que todavía pueden dilatarse los procesos de extradición, con un resultado todavía incierto.
La negativa de Bélgica supone un nuevo frente abierto para el magistrado, que ahora tendrá que sopesar si emite una nueva euroorden y si renueva la orden de detención nacional que pesa sobre ellos mientras espera decisiones desde otros países europeos.
Alemania: no hay rebelión
El varapalo más grande hasta la fecha ha llegado desde Alemania: la Audiencia de Schleswig-Holstein ha mostrado ya su negativa a entregar al expresident Carles Puigdemont acusado de un delito de rebelión, explicando que no aprecian tanta gravedad en las protestas y altercados del 20 de septiembre y el 1 de octubre como para considerar que exista ese delito.
La decisión todavía no es definitiva, Alemania ha pedido más datos y el juez Llarena ha insistido en que hay rebelión, aunque abriendo la puerta a otros delitos rebajados como la conspiración para la rebelión o la sedición. La acusación en el futuro juicio no correrá a cargo de Llarena - será cosa de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular - pero una limitación externa a la acusación por rebelión, el pilar maestro de la causa, sería un torpedo a la línea de flotación del proceso judicial.
Malestar en el Supremo
A veces trasciende en un escrito y a veces trasciende sin auto de por medio, pero el malestar en el Tribunal Supremo por el transcurso de la vertiente internacional de la causa es palpable. Ya lo hizo hace un mes la sala de apelaciones - los tres jueces de la sala que supervisan el proceso - aprovechó un auto prácticamente anodino para contestar a Schleswig-Holstein y calificar de "carente de rigor" su decisión de no entregar a Puigdemont acusado por rebelión.
Esta vez han sido fuentes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, la misma que enjuiciará los hechos, la que ha mostrado su descontento con la decisión de Bélgica en torno a Comín, Serret y Puig: fuentes que hablan incluso de "falta de compromiso" por parte de Bélgica a la hora de cooperar con otros países y que cuestionan incluso el conocimiento que en ese país puedan tener de nuestro ordenamiento jurídico.
Dos juicios, dos velocidades
Sin noticias por ahora de Suiza con Marta Rovira (ERC) y a la espera de la decisión que tomen las autoridades escocesas con respecto a Clara Ponsatí, la imagen que deja la macrocausa a día de hoy es la de un proceso con dos velocidades: un primer juicio listo para celebrarse contra los procesados que no han huido y otro, todavía en el alambre, contra los que están fuera de España y que podría dilatarse varios meses en el tiempo, en caso de llegar a celebrarse con todos los fugados en el banquillo.
Está por ver también si los defectos de forma que la Justicia belga ha detectado en las euroordenes de Comín, Serret y Puig es detectado también por Alemania, Suiza y Escocia y por tanto si el juez Llarena tiene que corregir más comunicaciones internacionales y los plazos se siguen ampliando.