20 años de pillaje institucional: Aznar consintió la red corrupta, Rajoy la mantuvo

Madrid

Cuando a comienzos de los noventa el PP atacó sin piedad al PSOE a cuenta del caso Filesa —la financiación ilegal de los socialistas con sociedades de su propiedad que facturaban a empresas privadas por trabajos inexistentes— el partido que heredó José María Aznar tenía sus propias filesas. En 1992, según los datos que obran en el sumario del caso Bárcenas, el PP liquidó las sociedades Ediciones Cono Sur y Video Soluciones. Ese trámite se hizo con dinero negro para no dejar pistas de que las empresas pertenecían al PP: sus administradores eran cargos o militantes de la formación conservadora. Estas sociedades recaudaban dinero para el partido mediante la emisión de facturas por servicios no realizados, igual que Filesa.

Aznar ordenó liquidar esas empresas opacas con las que el PP se financiaba ilegalmente pero no logró acabar con esas prácticas, según se supo mucho después. Y esto es así porque Aznar mantuvo una caja B paralela donde el PP ya no necesitaba emitir facturas a través de sus propias empresas por trabajos nunca realizados, simplemente recibía el dinero por la puerta de atrás.

Esa caja B la gestionaba Rosendo Naseiro, un tesorero bajo sospecha que dejó su cargo el 18 de abril de 1990. Antes de abandonar su puesto de coordinador nacional de las finanzas del PP entregó a Luis Bárcenas, entonces gerente del partido, una caja B que funcionaba a oscuras y con un saldo de 8 millones de pesetas (apenas 48.000 euros).

Esa caja B se alimentaba con donaciones opacas de constructoras y contratistas de la administraciones públicas. Ya no era necesario elaborar facturas falsas para justificar cobros por trabajos fantasma. Los empresarios colaboraban con aportaciones que, o bien entraban en el circuito opaco de la financiación del PP, o bien se troceaban para ingresarlas en el banco, siempre en cantidades inferiores a los 60.000 euros, para hacerlas pasar por donaciones anónimas salvando el escollo ilegal que prohibía aportaciones de contratistas de la administración pública.

Aznar heredó ese sistema y durante su mandato al frente del PP (hasta 2004) funcionó como una maquinaría muy rentable. Rajoy lo mantuvo hasta 2009, cuando la investigación judicial abierta por el caso Gürtel sacó de la escena política a su tesorero Luis Bárcenas. La caja B recaudó durante los mandatos de Aznar y Rajoy más de ocho millones de euros. La investigación judicial abierta ha logrado acreditar que el PP pagó durante casi 20 años múltiples servicios con dinero no declarado a Hacienda y que no figura en ninguna de sus contabilidades oficiales auditadas por el Tribunal de Cuentas. Así, Jaume Matas (expresidente balear), Eugenio Nasarre (exdiputado nacional), Cristóbal Páez (exgerente del PP), Jaime Ignacio del Burgo (exdiputado nacional), Calixto Ayesa (exconsejero de Salud de Navarra), Pío García Escudero (presidente del Senado) o la viuda del concejal asesinado por ETA Francisco Cano, han confesado que recibieron fondos del PP para diversos gastos. Además, con la caja B se pagaron obras de reforma en la sede nacional del partido; y se compraron participaciones de un medio de comunicación, Libertad Digital, afín a esa formación durante años. Todos esos pagos, que están acreditados, nunca fueron declarados a Hacienda por la formación conservadora. Los fondos salieron de la caja B que gestionaron los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas entre 1990 y 2009.

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Bárcenas también aseguró que una parte importante de esos fondos opacos se utilizaron para abonar sobresueldos trimestrales a los secretarios y vicesecretarios generales del PP: Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Ángel Acebes o Dolores de Cospedal. Pero estos dirigentes siempre lo negaron ante los jueces que investigaron el caso.

Este sistema ilegal de financiación del PP nacional que dirigieron Aznar y Rajoy se extendió por las organizaciones territoriales de la formación política con diversas variantes.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la Audiencia Nacional acaba de sentenciar un caso especialmente grave: durante las elecciones autonómicas de 2007 y generales de 2008, el PP valenciano financió muchos de sus actos con dinero de empresarios que contrataban con la administración autonómica. Las penas de cárcel afectan a 18 de los 20 acusados en este caso. Entre ellos, nueve empresarios; los primeros ajenos a la trama empresarial de Correa, que han sido condenados por financiación ilegal al PP.

El sistema utilizado era triangular. Los empresarios contrataban servicios falsos con la empresa Orange Market, a la que pagaba por ellos. Orange Market, de la factoría de Francisco Correa, cobraba a estos empresarios y con ese dinero organizaba actos electorales para el PP, tanto en las elecciones autonómicas de 2007 como en las generales de 2008. Empresarios, Correa y dirigentes del PP valenciano, entre ellos quién fue secretario general, Ricardo Costa, han reconocido esta operativa ilegal durante la celebración del juicio.

El extesorero Luis Bárcenas contó en la Audiencia Nacional que estos sistemas ilegales de financiación del PP no sólo se produjeron en la organización nacional sino también en distintos territorios, citando entre ellos Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia o País Vasco. Una corrupción sistémica durante los mandatos de Aznar y Rajoy al frente del PP.

Mariano Rajoy acabó con la red Gürtel cuando llegó al PP: Correa dejó de trabajar con la estructura nacional del partido pero se instaló en Madrid y en la Comunidad Valenciana con sus negocios ilícitos.

La gestión de la crisis del escándalo que hizo Rajoy profundizó los problemas de la formación conservadora con la regeneración democrática. Apoyó durante años a Luis Bárcenas, al que nombró tesorero nacional en el verano de 2008; le envió mensajes de ánimo cuando ya se conocían sus tropelías de blanqueo de capitales y delitos fiscales con cuentas multimillonarias en Suiza; le mantuvo uno de los sueldos más altos de la organización, con chófer, secretaria y despacho, cuando ya estaba imputado en el caso; obstaculizó la investigación del caso al permitir que su partido destruyera los ordenadores de Bárcenas cuando ya se conocía que eran claves para la instrucción de aquel sumario. El PP se personó como acusación particular y tuvo que ser expulsado por el juez Pablo Ruz al entender que su único objetivo era defender a Bárcenas y poner obstáculos a la investigación judicial.

Dos sentencias de la Audiencia Nacional han concluido que el PP, durante 20 años, se financió ilegalmente durante 20 años con prácticas corruptas.