Franco dificulta que el Valle de los Caídos sea un lugar para la memoria de todos

Madrid

Las recomendaciones para sacar a Franco de la basílica del Valle de los Caídos que diseñaron un grupo de 14 expertos en 2011 para el gobierno de Rodríguez Zapatero serán tomadas en consideración para el nuevo decreto Ley.

El informe sostienen que no “está claro que la familia o el propio dictador quisieran este enterramiento en la Basílica” y recuerda que la presencia de ambos, Franco y José Antonio Primo de Rivera “dificultan el propósito de hacer del Valle de los Caídos un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil sin ninguna otra connotación “ideológica o política”.

Treinta y seis años después de terminada la Guerra Civil fueron inhumanos en la basílica los restos del general Francisco Franco. Su presencia en la basílica es, en primer lugar “incongruente” con la finalidad original que motivó la construcción del Valle de los Caídos que no era sino acoger únicamente los restos de fallecidos con ocasión de la guerra civil. Su inhumación entre los muertos y las víctimas de la Guerra Civil trastoca el sentido positivo del memorial. Tampoco tiene constancia esta comisión que este fuera el propósito del general Franco y de su propia familia. Asimismo, la presencia en la basílica de los restos del General Franco dificulta el propósito de hacer del conjunto un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil, sin ninguna otra connotación ideológica o política”.

Las recomendaciones de los 14 expertos insisten en que “el objetivo de resignificar el conjunto del Valle de los Caídos despojándolo de cualquier connotación ideológica y política y atendiendo únicamente a la dimensión moral de la memoria solo será posible si los enterramientos se reservan únicamente como estaba previsto para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil.

La recomendación final de este informe concluye que “los restos del general Francisco Franco sean trasladados al lugar que designe la familia o en su caso al lugar que sea considerado digno y más adecuado. A tal efecto el Gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios y negociar con la Iglesia la oportuna autorización. Por lo que se refiere a los restos de José Antonio Primo de Rivera la comisión entiende que, dada la igual dignidad de los restos de todos los allí enterrados, aquellos no deben ocupar un lugar preeminente en la basílica”.

 Primo de Rivera

Los trabajos de la comisión también dedican espacio para proponer que los restos del militar sean enterrados fuera de la basílica. Los restos de José Antonio, muerto en la guerra el 20 de noviembre de 36 en Alicante, fueron posteriormente trasladados al monasterio del Escorial y una vez finalizadas las obras del Valle de los Caídos fueron trasladados a la basílica de la Santa Cruz el 30 de marzo de 1959.

Según el informe “entre los más de 30.000 españoles allí enterrados, igualados en la muerte, se optó por destacar y dar preferencia sobre todos ellos a los restos de José Antonio Primo de Rivera, que fueron inhumados en el lugar central del altar mayo. A juicio de esta comisión esta ubicación preferente quiebra el igual tratamiento debido a los restos de todas las personas allí enterradas.”

 Competencias del Abad

El artículo 16 de la ley 52/2007 distingue el carácter público del cementerio-osario y el sagrado de la basílica. En el informe redactado en 2011 se explica que “en el caso de los enterramientos del valle puede considerarse que se trata de un cementerio público especial en el que, por principio, desde 1978, no existe discriminación entre los sepultados por razón de creencias. Un enterramiento que está sometido a una exclusiva potestad estatal y en el que rige el principio de estabilidad de los enterramientos”. Excepto la basílica, todo el valle es competencia estatal.

El informe reconoce la inviolabilidad de la basílica por parte de la autoridad estatal a efectos de realizar modificaciones en la misma o remover las sepulturas en ellas existentes sin previo consentimiento de la autoridad eclesiástica. “Se trata de un lugar sagrado sometido a la autoridad eclesiástica correspondiente, que es el abad de la Santa Cruz del Valle o su último superior, el Pontífice”.

La inviolabilidad está garantizada por los acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede que, dado su carácter de tratado internacional reconocido por el Tribunal Constitucional, tiene jerarquía supra legal.

 Acuerdo necesario con la Iglesia

El informe redactado en 2011 también desarrolla la consciencia “de las dificultades de revertir la situación creada por los enterramientos en la basílica de los restos de José Antonio Primo de Rivera y del general Franco, una actitud de colaboración por parte de la Iglesia que es a quien se ha confiado la custodia de sus restos y que es quien dada la calificación legal de la basílica como lugar de culto debe dar la preceptiva autorización”.