El sector financiero aclara que nunca ha cobrado el impuesto de hipotecas
Defiende que siempre actúan conforme a la jurisprudencia y que cumplirán la sentencia conocida a la vez que recuerdan que se trata de una cuestión "de naturaleza tributaria"
Los bancos del Ibex se despeñan en Bolsa tras conocerse que deberán pagar los impuestos de las hipotecas. / MADRID (MADRID)
Madrid
Bancos, cajas y cooperativas de crédito han afirmado que no han percibido "cantidad alguna" en concepto de impuesto de actos jurídicos documentados, tasa que el Tribunal Supremo ha decidido que recaiga en las entidades financieras y no sobre el cliente que suscribe una hipoteca.
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En un comunicado conjunto de la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNNAC), el sector recuerda que la sentencia publicada este jueves se refiere "a una cuestión de naturaleza tributaria".
Las entidades, señala el comunicado, han cumplido siempre con la normativa vigente, "aprobada hace más de 20 años", y con la reiterada jurisprudencia de la sala tercera del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, "unánime, y mantenida hasta fechas muy recientes", principio que por lo demás ha presidido siempre las relaciones de las entidades con sus clientes. Asimismo, destaca que las entidades financieras "no han percibido cantidad alguna de sus clientes por este concepto".
El sector reclama a los poderes públicos "mayor seguridad jurídica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario", caracterizado por unos tipos de interés competitivos y plazos largos que han permitido el acceso a la vivienda en propiedad a un amplio espectro de población.
No obstante, "y como siempre han hecho", añade, a partir de esta sentencia los bancos cumplirán con el nuevo criterio establecido por el Supremo.
El alto tribunal ha corregido su propia doctrina y ha decidido que sea el banco, y no el cliente, el que se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, lo que le puede suponer a las entidades financieras un desembolso cercano a los 1.900 millones de euros.
