La Fiscalía define la venta de miles de viviendas públicas en Madrid como un proceso "trufado de irregularidades"

Madrid

Prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía está convencida de que la venta de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales de titularidad pública a un fondo buitre fue un proceso "trufado de irregularidades" y que los máximos responsables son los entonces directores generales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Ana Gomendio y Juan Van-Halen.

Se trata de un proceso abierto en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid en el que ambos están imputados desde hace más de dos años: Ana Gomendio declaró en septiembre de 2014 para asegurar que "no sabía nada" de la operación, mientras que su predecesor Van-Halen compareció año y medio más tarde, también como investigado, para afirmar que gestionó el proceso siguiendo órdenes de la Consejería del ramo. Para entonces, Van-Halen era director general de Vivienda del Ministerio de Fomento y dejó su puesto tras trascender su imputación.

Ha sido el fiscal del caso, Carlos García-Berro, quien ha presentado un demoledor informe exigiendo que la investigación se centre en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos con Gomendio y Van-Halen como máximos responsables de una operación que, según explica, hace aguas desde la decisión de vender vivienda pública hasta el precio y el proceso de adjudicación elegido, pasando por el asesoramiento y el propio adjudicatario que se quedó con las casi 3.000 viviendas protegidas.

El "infraprecio" de las viviendas

El ejecutivo que dirigía entonces Ignacio González adjudicó la venta de miles de bienes públicos al fondo buitre Azora a cambio de algo más de 200 millones de euros a mediados de 2013: para el fiscal del caso existen "indicios de uso de artificio para la venta infraprecio", asegurando que todas las pruebas, vistas en su conjunto, "ofrecerían la imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria".

Una de esas pruebas es, para el Ministerio Público, que se optase por vender las casi tres mil viviendas de golpe y no de forma individualizada, como ya se había hecho con anterioridad. Existe "un vacío de explicaciones evidente", dice el escrito, destacando que "no existe rastro documental de que se hubieran realizado estudios sobre cuál de las formas de enajenación hubiera sido más ventajosa para el sector público" y que, incluso, para cuando Gomendio pidió la autorización al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid "ya se estaba reuniendo con los representantes de los fondos de inversión".

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El objetivo era, según el informe, descartar cualquier otra opción que no fuera esa: inmediatamente, dice, quedaron además fuera del proceso los medianos licitadores, "reservando la licitación a grandes fondos de inversión", los únicos capaces de asumir esa operación y, además, a través de un proceso restringido sujeto a invitación por parte de la Comunidad.

La entrada "artificiosa" de Goldman

Para el fiscal, por tanto, la operación fue un traje a medida para que un fondo de inversión comprase rápidamente las viviendas de protección oficial, y lo hiciese pasando por el menor número de filtros posible. Denuncia, por ejemplo, la entrada "oculta" de Encasa Cibeles en la operación: las viviendas fueron adjudicadas a Azora Gestión, participada casi al 100% por ELQ Investors, a su vez propietaria de Encasa, propiedad de ELQ Holdings, sociedad controlada en última instancia por Goldman Sachs desde el paraíso fiscal de Delaware.

Todo esto, sostiene el fiscal, se hizo a espaldas de la administración y de la mesa de contratación encargada de la adjudicación: el fondo buitre, por tanto, usó "un vehículo creado a tal efecto, lo que viene a su vez a aumentar al secretismo y escasa transparencia" de la operación. Al final las viviendas públicas terminaron en manos de Encasa Cibeles, algo que hubiera supuesto un "obstáculo insalvable" de haberse sabido en un primer momento.

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El Ministerio Público ha encontrado irregularidades incluso en el proceso de tasación de las 32 promociones de vivienda protegida: un primer pago de 19.659 euros a la empresa Sociedad de Tasación precedió a otro de 14.520 euros apenas dos meses después por "un nuevo informe de actualización", lo que para el fiscal del caso "podría encubrir un fraccionamiento de la contratación" para evitar un concurso público, destacando además que la tasación se hizo antes de la firma del contrato. Sobre la memoria justificativa que desembocó en la declaración de innecesariedad de estos bienes públicos para después poder venderlos: fue "estereotipada, con alusiones muy genéricas y superficiales al interés publico", definiendo como "raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original" el que la administración madrileña se deshiciese de más de treinta promociones de vivienda pública por considerarlas innecesarias para que un tercero, un fondo de inversión, las utilizase para lo mismo.

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El análisis legal previo, además, "no existió", asegurando que el informe encargado a PricewaterhouseCoopers en un procedimiento negociado sin publicidad es posterior a la memoria justificativa: "Mal pudo Ana Gomendio tomar en consideración" el informe, dice el escrito.

Hacienda descarta el cohecho

El informe del fiscal del caso, especialista en delitos económicos y fiscales, llega después de que la Agencia Tributaria haya remitido, después de más de un año, un informe que descarta que ni Ana Gomendio ni Juan Van-Halen ni tampoco Pablo Cavero, exconsejero de Transportes con Esperanza Aguirre e Ignacio González y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, se enriqueciesen personalmente con esta operación.

"Tras analizar con detalle la información disponible en la base de datos, no se ha detectado la existencia de relación económico-financiera" entre los exdirectores del IVIMA y el fondo buitre que se hizo con las 2.935 viviendas protegidas, descartando por tanto que parte de ese dinero acabase en sus bolsillos en forma de contrapartida. "No se han detectado ingresos de origen desconocido que pudieran poner de manifiesto la existencia de un enriquecimiento indebido derivado de su participación en esta operación de venta", concluye Hacienda sobre los dos imputados.

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De la misma manera, el informe de la Agencia Tributaria también descarta que Cavero saliese beneficiado de la operación: el exconsejero madrileño participa en Bussola 99, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV), a través de la sociedad Rent Katus S.L, estando el primero gestionado por Goldman Sachs. "No se obtienen indicios de que esta relación financiera haya supuesto un enriquecimiento indebido" para él, concluye el informe al que ha tenido acceso la SER que figura desde hace semanas en el procedimiento.

Un informe en el que se basa el fiscal para, en su escrito aportado recientemente, para descartar el posible cohecho o delitos similares "que lleven ínsito un enriquecimiento ilícito del funcionario", aunque sin dejar de destacar que en los datos analizados por Hacienda sobre Gomendio, Van-Halen y Cavero "pueden apreciarse situaciones patrimoniales ánomalas".