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La juez rechaza una oferta de colaboración "total" de Zaplana

La magistrada del caso Erial, María Isabel Rodríguez, alega que "no es necesaria para la investigación" la oferta del exministro, quien se muestra dispuesto a autorizar a cualquier investigador para obtener información sobre cuentas, bienes o sociedades en el extranjero. La justicia basa la prisión provisional del exministro en el riesgo de destrucción de pruebas que comportaría su libertad. La oferta de Zaplana que avanza la SER iba dirigida a agilizar los trámites para la obtención de esas pruebas y reducir el tiempo de prisión provisional. Además, la juez cree que Zaplana puede fugarse a pesar de su cáncer: "También hay hospitales en paraísos fiscales"

La juez rechaza una oferta de colaboración "total" de Zaplana /

La titular del juzgado número 8 de Valencia que instruye el 'caso Erial', María Isabel Rodríguez, ha rechazado en un auto una oferta de colaboración del expresidente valenciano y exministro, Eduardo Zaplana, para agilizar la investigación y contrarrestar así uno de los principales argumentos por los que continúa en prisión provisional: el riesgo de destrucción de pruebas.

El ofrecimiento fue presentado el pasado mes de octubre, pero no había trascendido hasta la fecha. En su escrito, Zaplana se mostraba dispuesto a firmar "cuantos documentos sean necesarios" para autorizar "a quien designe el juzgado" a la información contenida en "cualesquiera entidades financieras, agencias o sociedades de valores, agencias inmobiliarias, registros públicos o privados, despachos de abogados, gestorías o cualquier oficina" para obtener "cualquier información sobre la titularidad o derechos sobre bienes, participaciones sociales, cuentas bancarias, depósitos, fondos o activos de cualquier tipo de los que considere el juzgado o tenga sospecha" de que el investigado "pudiera ser titular real o formal, apoderado, autorizado o beneficiario".

Oferta para acceder "en días" a datos clave en la investigación

La defensa de Zaplana expone en su escrito que con esta oferta, los investigadores podrían acceder "en cuestión de días" a los datos para confirmar o descartar las sospechas, cuando el procedimiento habitual de auxilio judicial para lograr información internacional demora las respuestas durante "muchos meses, años e incluso se han conocido casos en los que nunca se ha llegado a contestar".

Zaplana manifiesta en su escrito que carece de cualquier tipo de patrimonio en el extranjero, pero muestra su "voluntad de colaborar con los investigadores para que verifiquen in situ" las sospechas y agilizar los trámites "habida cuenta que el secreto de las actuaciones y la privación de libertad puede prolongarse en el tiempo excesivamente".

La juez desprecia la oferta en un auto fechado el pasado 15 de noviembre, que también permanecía inédito hasta hoy. Asegura la magistrada que Zaplana "olvida" que su autorización para la obtención de datos "no es necesaria para la investigación", porque los órganos judiciales "tienen potestad para solicitarlos directamente".

La juez cree que puede fugarse a pesar de su cáncer: "También hay hospitales en paraísos fiscales"

Dice la juez que Zaplana "quiere dar la imagen" de colaboración, cuando "él mismo es sabedor de la presunta utilización que ha hecho de personas y sociedades interpuestas para llevar a cabo los delitos que se le imputan". La juez va más allá y añade que "no existe" la "pretendida" colaboración "pues él es sabedor de la verdad y sigue ocultándolo". La magistrada recalca que además de la destrucción de pruebas, Zaplana sigue en prisión por el "riesgo evidente de fuga ante el anuncio de penas elevadas". Y cree que Zaplana podría fugarse incluso con la leucemia que padece, que requiere un seguimiento médico, al sostener que "hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales".

Fuentes del caso afirman que "en este momento" de la investigación no precisan de la colaboración de Zaplana, que reclamarán "cuando corresponda". Los investigadores afirman que en las últimas semanas han visitado varios países, fundamentalmente en sudamérica, donde supuestamente Zaplana acumula un patrimonio oculto cercano a los 10.5 millones de euros procedente de comisiones cobradas durante su etapa como presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002. El exministro de Trabajo permanece en prisión desde el pasado 24 de mayo, acusado de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

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