Archivada la investigación por la venta de vivienda pública a fondos buitre en Madrid
El juez sigue el criterio de la Fiscalía y archiva la investigación por la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA en 2013
En esta causa estaban imputados dos exaltos cargos del organismo: Juan Van-Halen y Ana Gomendio
Manifestación contra los fondos buitre / Alberto Pozas
Madrid
El juez ha decidido archivar la investigación penal en torno a la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid perpetrada en 2013 a un fondo buitre por el ejecutivo que dirigía entonces Ignacio González. El instructor sigue el criterio de la Fiscalía y, reconociendo que "el procedimiento administrativo adolece de irregularidades", explica que "no se ha producido el delito de prevaricación" ni tampoco de malversación o fraude.
Desde hace más de un año este magistrado mantenía imputados a dos exaltos cargos del entonces denominado IVIMA: Juan Van-Halen y Ana Gomendio, acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas durante este proceso de enajenación que algunos jueces ya han anulado por la vía contencioso-administrativa.
En su auto, el juez Juan Ramón Reig se limita a plasmar los argumentos con los que la Fiscalía solicitó el archivo. Se trata de un proceso que ha discurrido en paralelo al proceso contable en el que recientemente el Tribunal de Cuentas ha responsabilizado a la exalcaldesa de la capital, Ana Botella, de la venta de vivienda pública municipal a otro fondo de inversión.
Se trata de una decisión recurrible y fuentes de la acusación popular afirman a la Cadena SER que recurrirán el archivo.
Irregularidades, no delitos
Tal y como afirmó la Fiscalía en su petición de archivo, el juez del caso niega la existencia de delito pero destaca la ausencia de justificación a la hora de emprender la venta por parte de la Comunidad de Madrid: "La aparente justificación contenida en la memoria en cuestión se contenta con una serie de formulaciones genéricas, pero inconvincentes".
Es la misma conclusión a la que llegó la Fiscalía, que mientras pedía el archivo del caso aseguró que "no se acierta a comprender por qué esas viviendas ya no eran necesarias para el fin social a que estaban afectadas, singularmente cuando había otras en proceso de construcción".
