Podemos lleva el pleno de las hipotecas al Tribunal Constitucional
Recurre ante el tribunal de garantías la inadmisión de la querella contra el juez Luis Díez-Picazo
La formación morada critica que el Supremo no hiciese "ni la más mínima investigación"
Protesta frente al Tribunal Supremo / Alberto Pozas
Madrid
El partido político Podemos ha decidido llevar ante el Tribunal Constitucional el polémico pleno de la sala de lo contencioso que el pasado mes de noviembre cargó el conocido como impuesto hipotecario en el bolsillo del cliente, contradiciendo a una de sus secciones. La formación morada reclama que su querella contra el presidente de la sala, Luis María Díez-Picazo, sea admitida y la convocatoria del pleno investigada por un posible delito de prevaricación.
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El recurso de amparo se dirige contra la decisión de la conocida como ‘sala del 61’ del Tribunal Supremo de finales de noviembre no admitir a trámite la querella presentada contra Díez-Picazo, alegando que eso ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Fue el presidente el que tomó la decisión de llevar a pleno este impuesto después de que una de sus secciones - a la que había encargado la jurisprudencia sobre este asunto - dijese que tenía que ser el banco y no el cliente el que pagase.
La formación morada reclama al Constitucional que ordene la admisión a trámite de la querella y por tanto una investigación penal de la gestión de una crisis que causó perplejidad tanto en el Tribunal Supremo como en el Consejo General del Poder Judicial. Critica que no se hiciera "ni la más mínima investigación" cuando ha habido, según su criterio, "una sospecha de actuación extraordinaria e injustificada" por parte de Díez-Picazo.
El partido recuerda que fue el propio presidente de la sala el que encargó el caso a la sección especializada en tributos así que era "plenamente consciente de la relevancia del tema estudiado" y asegura que decidió llevar el caso a pleno para "neutralizar, bajo un ropaje legalista, una decisión que a él, personalmente, no le satisfacía" creando "una grave situación de inseguridad jurídica".
Nueva ley
La decisión del pleno llegaba poco antes de que el ejecutivo de Pedro Sánchez pusiese en marcha una modificación de la Ley Hipotecaria estableciendo de forma explícita que el IAJD corre a cargo del banco y no del cliente, una aclaración de la norma reclamada por el propio presidente del Tribunal Supremo. La Justicia española, por tanto, todavía no ha entrado a examinar casos reclamados por clientes o bancos bajo esta nueva normativa.
Protesta frente al Tribunal Supremo / Rodrigo Jiménez
Protesta frente al Tribunal Supremo / Rodrigo Jiménez
Ha sido esta semana precisamente la sala de lo civil del Tribunal Supremo la que ha cogido el testigo de la reafirmada jurisprudencia de la sala tercera sobre el impuesto hipotecario para recordar que la nueva normativa no se puede aplicar de forma retroactiva a contratos firmados con el banco antes de noviembre.
Votos particulares
El recurso presentado ya por Podemos ante el Tribunal Constitucional pone encima de la mesa la división existente en el pleno que tomó la decisión final, con casi la mitad de los magistrados emitiendo votos particulares contrarios a la decisión, algunos de ellos mostrando su contrariedad en términos de gravedad poco habitual en este tipo de escritos. Algunos de ellos denunciaban que la confianza en la Justicia había quedado "gravemente quebrantada" después de esta crisis.
Estos votos particulares demuestran, a juicio de la formación morada, que "el proceder del Sr. Díez-Picazo fue extraordinario" y que llevó el caso a pleno para "fiscalizar y neutralizar la actuación de una Sección de una Sala del Tribunal Supremo cuyos razonamientos no compartía", arrogándose "una función juzgadora que no le correspondía.
